Investigación documentó al menos 35 víctimas y la incautación de 34 tarjetas débito y crédito en allanamiento.
Durante meses, usuarios que abordaron un taxi en Bogotá terminaron sin sus ahorros tras pagar con tarjeta. La Fiscalía reconstruyó un patrón repetido en al menos 35 casos y llevó ante un juez a un conductor señalado de apropiarse de más de 370 millones de pesos mediante engaño. El esquema combinaba datáfonos manipulados, distracción y sustitución de tarjetas bancarias.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación identificó como presunto responsable a Juan Carlos Naranjo Becerra, quien ofrecía a sus pasajeros el servicio de pago con datáfono para facilitar la transacción.
Según el expediente, el dispositivo era usado para prolongar la operación y generar confusión. En ese lapso, el conductor cambiaba la tarjeta original por un plástico inservible, modalidad conocida como “cambiazo”.
Con el producto financiero en su poder y tras observar la digitación de la clave, el investigado presuntamente acudía a cajeros electrónicos para realizar retiros y transferencias. El monto total apropiado superaría los 379 millones de pesos.
Al capturado lo ubicaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, durante una diligencia de registro y allanamiento. En el procedimiento incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su detención portaba dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.
Un patrón repetido
Las denuncias recopiladas describen una mecánica similar: el pasajero solicitaba pagar con tarjeta, el conductor manipulaba el datáfono y alegaba fallas en la lectura o en la señal.
En medio de la distracción, devolvía un plástico diferente al original, que la víctima solo advertía horas después, cuando intentaba usarlo nuevamente o recibía alertas de movimientos no autorizados.
La Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. La Fiscalía sostuvo que el procesado aprovechaba la confianza inherente al servicio público y la premura de los usuarios para concretar el engaño.
En audiencias preliminares, Naranjo Becerra no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
