Defensoría evidenció riesgo de intoxicaciones e incendios en área de alimentos del penal de mediana seguridad.
Un despacho judicial ordenó la adecuación inmediata de la cocina del establecimiento penitenciario de Santa Rosa de Cabal tras comprobarse condiciones que comprometían la salud de la población privada de la libertad. El fallo determinó que la infraestructura actual vulnera derechos fundamentales y expone a internos y funcionarios a riesgos sanitarios graves.
La decisión la adoptó el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal luego de una acción interpuesta de oficio por la Defensoría del Pueblo en Risaralda. La intervención se centra en el área conocida como “Rancho”, espacio destinado a la preparación de alimentos dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad (EPMSC).
La inspección técnica realizada el 5 de noviembre reveló un deterioro estructural significativo: pisos agrietados que acumulan residuos, mesones desgastados que facilitan la contaminación cruzada y sistemas de desagüe con fallas.
A esto se suman deficiencias en ventilación, ausencia de extractores industriales e iluminación insuficiente. Las condiciones configuran un escenario propenso a intoxicaciones, infecciones y emergencias sanitarias.
El despacho judicial consideró que la situación trasciende un problema administrativo y se inscribe en las falencias estructurales del sistema penitenciario.
En su análisis recordó el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció la persistencia de hacinamiento e insalubridad en las cárceles del país.
Advertencias técnicas ignoradas
El fallo se apoyó también en reportes de la Secretaría de Salud Departamental, la Personería Municipal y la Contraloría General de la Nación. La coincidencia de advertencias institucionales evidenció la prolongación del riesgo sin correctivos efectivos.
Los informes técnicos señalaron que la acumulación de grasa y residuos, sumada a ventilación deficiente, incrementa la probabilidad de brotes epidemiológicos dentro del penal. En un entorno cerrado, cualquier falla en manipulación de alimentos puede expandirse rápidamente entre la población recluida.
La Defensoría argumentó que la alimentación en condiciones insalubres vulnera el derecho a la dignidad humana y a la salud. El juez acogió esa tesis y ordenó la implementación de un plan de mejoramiento integral que garantice estándares mínimos de higiene, ventilación y seguridad.
La decisión obliga a las autoridades penitenciarias a ejecutar adecuaciones estructurales inmediatas, más allá de reparaciones superficiales. El incumplimiento podría derivar en nuevas acciones judiciales y eventuales responsabilidades disciplinarias.
