La autoridad ambiental solicitó judicializar a los agresores y dijo que evaluará los daños a los recursos naturales del sector.
El director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio César Gómez, advirtió que el hecho constituye una violación grave de derechos humanos. Recordó, además, que los líderes ambientalistas están protegidos por la Constitución y acuerdos internacionales.
Según la autoridad ambiental, el ataque ocurrió en un sector con alto valor ecológico y presión urbanística. La víctima, supuestamente, cumplía una función constitucional al alertar sobre posibles afectaciones a ecosistemas estratégicos.
Según la denuncia conocida por las autoridades, una mujer del barrio Villaverde registraba con su celular una presunta tala ilegal en un guadual cercano a su vivienda cuando fue abordada por un hombre que le reclamó por grabar, aseguró ser dueño del predio y le exigió borrar el material.
De acuerdo con el testimonio, la situación empeoró cuando el agresor la intimidó con armas cortopunzantes y la obligó a internarse en una zona más cerrada del guadual, donde apareció un segundo individuo que habría participado en las amenazas.
En medio del forcejeo, la víctima logró enviar mensajes de auxilio a la Junta de Acción Comunal antes de que le quitaran el celular. Posteriormente, consiguió escapar tras usar gas pimienta y pedir ayuda en el barrio.
Minutos después, la mujer informó a la Policía que realizaba controles en inmediaciones de la quebrada San José. El caso quedó en manos de las autoridades, que investigan amenazas, lesiones personales, hurto y un posible delito ambiental asociado a la tala denunciada.
Carder recordó que los vigías ambientales cuentan con protección especial en la Constitución de 1991 y en el Acuerdo de Escazú, particularmente en su artículo 9, que obliga a los Estados a garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente y los derechos comunitarios.
La autoridad ambiental indicó que evaluará técnicamente los daños a los recursos naturales del sector para remitir los conceptos a jueces y fiscales, con el fin de que se aplique el peso de la ley. Además, reiteró su llamado a la ciudadanía a no guardar silencio y denunciar.
