Investigación detectó 3,4 millones de facturas ocultas y utilidades reportadas por $70.563 millones entre 2019 y 2022.
La Fiscalía General de la Nación llevó a juicio al expresidente de la Nueva EPS y a tres exdirectivos por alterar estados financieros durante cuatro años y presentar una situación contable irreal que permitió renovar la licencia de funcionamiento y esquivar una intervención de la Superintendencia de Salud.
Según la acusación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad, junto con Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de Cuentas Médicas, participaron en un esquema que manipuló la información financiera entre 2019 y 2022.
La investigación estableció que los exdirectivos ocultaron 3’419.015 facturas correspondientes a deudas con distintas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Esos documentos dejaron de procesarse y no ingresaron a los reportes contables oficiales de la EPS.
Facturas ocultas y utilidades inexistentes
De acuerdo con la Fiscalía, los acusados presentaron a la junta directiva cifras que no reflejaban la realidad financiera de la entidad. Los reportes inflaron reservas técnicas, ingresos y patrimonio, y mostraron utilidades por 70.563 millones de pesos que sirvieron para cubrir obligaciones pendientes en el papel.
Las autoridades sostienen que la Nueva EPS registró pérdidas de forma reiterada, pero los informes alterados ocultaron ese comportamiento. Con esas cifras, los exdirectivos sustentaron decisiones internas y proyectaron una estabilidad financiera que no existía.
La Fiscalía señaló que la información adulterada llegó directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de cumplir requisitos formales, evitar una intervención administrativa y lograr la renovación de la licencia de funcionamiento.
Por estos hechos, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud, de acuerdo con la responsabilidad individual que determine el juez.
Adicionalmente, la Fiscalía imputó a José Fernando Cardona Uribe el delito de peculado por apropiación, al considerar que tuvo un rol determinante en el manejo irregular de los recursos.
La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el 23 de febrero, fecha en la que la Fiscalía presentará las pruebas con las que busca demostrar cómo la manipulación de los estados financieros permitió sostener de manera artificial la operación de una de las EPS más grandes del país.
