El Ministerio Público activó vigilancia especial, acordó auditoría de red y medidas inmediatas para restablecer la atención.
La presión de los usuarios de la EPS SOS en Pereira, que salieron a protestar por fallas reiteradas en la atención, forzó la adopción de compromisos concretos para corregir barreras administrativas y restablecer servicios, en medio de una intervención directa de la Personería.
La manifestación se realizó frente a las instalaciones de la EPS y expuso demoras en autorizaciones, falta de información clara y suspensión de servicios, situaciones que, según los pacientes, se volvieron críticas en casos de enfermedades crónicas, discapacidad y atención a menores.
El personero de Pereira, Leonardo Reales Chacón, acompañó el plantón y calificó como legítimas y justificadas las reclamaciones. Señaló que los usuarios enfrentan el impacto directo de un sistema que, en la práctica, no responde cuando más se requiere.
Reales advirtió que la Personería no se limitará a recibir quejas. Anunció una intermediación técnica y permanente para presionar soluciones, aunque recordó que la entidad no administra recursos de salud. “La obligación es hacer que los derechos se cumplan”, dijo.
Vigilancia reforzada
Como resultado de la intervención, se pactaron dos compromisos centrales de vigilancia superior. El primero consiste en una auditoría detallada de la red contratada por la EPS SOS, con el fin de establecer qué IPS prestan realmente los servicios y evitar que los usuarios sean remitidos a redes inexistentes o inoperantes.
El segundo compromiso apunta al acompañamiento en sitio. Funcionarios de la Personería y de la Defensoría del Pueblo harán presencia física en las oficinas de la EPS para asesorar a los afiliados que no reciban respuestas claras por parte del personal administrativo.
En paralelo, la gerencia regional de la EPS SOS anunció medidas inmediatas de restablecimiento para contener la crisis.
Una de las más sensibles tiene que ver con el trato a los usuarios: se eliminarán los filtros físicos y se dispondrá de personal que atienda de manera directa y presencial los trámites.
También se habilitó un módulo especial para evacuar solicitudes represadas relacionadas con la IPS Casalud, intervenida previamente, lo que había generado un cuello de botella en autorizaciones y remisiones médicas.
Otra de las decisiones fue la priorización de madres y niños, en especial menores con movilidad reducida o discapacidad. Para este grupo se asignó un asesor exclusivo, con el objetivo de evitar largas esperas y traslados innecesarios.
Finalmente, la EPS reportó pagos financieros que permitirán reabrir servicios en la IPS Creer y confirmó la continuidad de la atención odontopediátrica en la Clínica OAT y el Hospital Santa Mónica, puntos críticos señalados por los manifestantes.
La Personería anunció que verificará a diario cada uno de los compromisos y advirtió que no permitirá retrocesos. El mensaje institucional fue claro: “la burocracia no puede imponerse sobre el derecho fundamental a la salud de los pereiranos”.
