Un documento oficial fija un plazo para revelar el monto real de las deudas, pacientes represados y planes ante riesgo de muertes.
El Ministerio Público activó una ofensiva institucional sin precedentes contra las EPS que operan en Pereira y les dio cinco días hábiles para explicar por qué el sistema de salud está al borde del colapso. Esto, tras documentar la existencia de pacientes atrapados por semanas en salas de observación, deudas en mora y riesgo inmediato para la vida.
Personería y Procuraduría se pronunciaron a través de un oficio. Advierten de un riesgo inmediato para la vida de los pacientes, de una ruptura funcional de la red y de responsabilidades directas por la falta de pagos y la parálisis de las remisiones.
También exigen cifras, listados nominales y planes ejecutables. El informe advierte que la ESE Salud Pereira entró en estado de máxima alerta por una crisis humanitaria y financiera que ya impacta la atención básica.
El documentó habla de retrasos sistemáticos en los giros de las EPS, con especial señalamiento a AsmetSalud y Nueva EPS, situación que rompió los vínculos contractuales con hospitales de segundo y tercer nivel.
El efecto, según ambas entidades, es devastador. Subraya que hay pacientes que llevan más de un mes en salas de observación en los hospitales de la ESE Salud Pereira de San Joaquín, Centro y Kennedy.
Asimismo, señala que estos espacios están diseñados para estancias cortas, pero que algunas personas no tiene otra salida mientras esperan una remisión que no llega, su condición clínica se deteriora, algunas patologías escalan a estados críticos y el personal médico opera al límite.
Advierten consecuencias
El requerimiento ordena a las EPS e IPS entregar, en cinco días, tres informes clave con la cartera detallada con facturación radicada, glosada y vencida.
Asimismo, el censo actualizado de pacientes afiliados represados en la red pública, con tiempos exactos de espera y plan inmediato de traslado.
También, la estrategia técnica y financiera verificable para restablecer el flujo de recursos y reabrir la red complementaria.
El documento califica la situación como un riesgo cierto de vulneración del derecho fundamental a la vida y a la salud, por lo que el Ministerio Pública podría tomar acciones disciplinarias y de control si las EPS incumplen.
Ambas entidades aseguran que, la crisis ya no es administrativa, sino vital. Pues, cada día sin pago ni remisión expone a pacientes a daños irreversibles. Para el Ministerio Público en Pereira, “el sistema no está fallando: está colapsando, y alguien tendrá que responder”.
