Juez impuso penas de 19 y 15 años tras preacuerdo aceptado un año después del crimen que ocurrió en la ciudad de Medellín.
La investigación judicial estableció que el homicidio de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, no fue un hecho improvisado, sino una acción coordinada que contó con apoyo logístico, vigilancia previa y una ruta de escape definida en pleno occidente de Medellín.
Los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera aceptaron su responsabilidad penal mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Un juez penal de conocimiento avaló la negociación y los condenó a 19 y 15 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con la Unidad de Delitos contra la Vida, los hoy condenados cumplieron un rol determinante antes y después del ataque registrado el 23 de enero de 2025, frente a un hotel del barrio Laureles.
La Fiscalía demostró que los hermanos compraron una motocicleta en el centro de Medellín y la usaron para transportar al autor material del disparo, además de facilitar su huida tras el crimen.
Las autoridades hallaron el vehículo a pocas cuadras del lugar del homicidio, lo que permitió reconstruir la ruta de escape y vincular a los responsables con la planeación del ataque.
Captura en Barranquilla
Tras el asesinato, los hermanos Morgado Herrera escaparon de Medellín y se refugiaron en Barranquilla, donde la Policía Nacional los capturó en febrero de 2025. La Fiscalía presentó el material probatorio, cerró el acuerdo judicial y obtuvo una condena que ya quedó ejecutoriada.
El fallo ratificó que, aunque no dispararon, su participación resultó esencial para consumar el homicidio, al garantizar movilidad, vigilancia y evasión de las autoridades.
¿Quién era alias La Diabla?
Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida en entornos criminales como alias ‘La Diabla’, figuraba en expedientes judiciales como una mujer con antecedentes de conflictividad y relaciones con estructuras delincuenciales que operaban en Medellín y el Valle de Aburrá.
Fuentes de la Fiscalía la ubicaron como pieza de enlace en disputas por control territorial y economías ilegales, lo que la convirtió en objetivo de retaliaciones. Presuntamente, el día del homicidio, la citaron en ese mismo lugar.
La investigación también estableció que Sánchez Polanco había recibido amenazas recientes y se movía con medidas básicas de autoprotección, sin un esquema formal.
Los fiscales descartaron un hecho aislado y sostuvieron la hipótesis de homicidio por encargo, sustentada en el rol de apoyo que cumplieron terceros para garantizar vigilancia, transporte y fuga del sicario.
