El organismo de derechos humanos dice que hay riesgo por la presencia de grupos como el ELN y el EGC (Clan del Golfo).
Este marte se dio a conocer el documento. Es contundente y no tiene interpretaciones optimistas. Según la Alerta Temprana 001 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo, el occidente de Risaralda entró en fase crítica de riesgo armado.
En la misiva asegura que Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico hoy están expuestos a violaciones graves, masivas y continuadas de derechos humanos, como consecuencia directa de la presencia, expansión y disputa de grupos armados ilegales.
Tampoco se trata de una amenaza futura ni de una hipótesis. La Alerta dice que, el riesgo ya existe y prueba de ello es el aumento de homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y control social armado.
Un corredor de guerra
Noticias 360 Digital tuvo al documento, el cual señala que el occidente de Risaralda dejó de ser una periferia tranquila para convertirse en un corredor estratégico del conflicto armado.
La ubicación geográfica de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico; en conexión directa con Chocó, Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca, los convierte en piezas clave para la movilidad armada, el tráfico de drogas y el control de economías ilegales.
La Defensoría advierte que la topografía montañosa, la selva densa y la extensa red hídrica del río San Juan facilitan el ocultamiento y desplazamiento de estructuras armadas.
Según, mientras se dificulta la presencia permanente del Estado. En ese escenario, los grupos ilegales no sólo transitan, sino que se quedan, se expanden y gobiernan.
Dos estructuras armadas y un territorio en disputa
La alerta identifica con nombre propio a los responsables del riesgo. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es uno de ellos. El documento señala que, a través del frente Manuel Hernández ‘El Boche’, este grupo avanza hacia la consolidación territorial permanente, especialmente en Pueblo Rico y Mistrató.
Paralelamente, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, mediante la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, expande su influencia desde Antioquia hacia Risaralda, con presencia sostenida en Mistrató y Belén de Umbría.
Este cruce de intereses es preocupante. La Defensoría advierte de un escenario latente de confrontación armada, que eleva el riesgo para la población civil y multiplica las posibilidades de retaliaciones, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos.
Control social armado
Uno de los hallazgos más graves del informe es la manera en que estos grupos no sólo controlan rutas y economías, sino la vida cotidiana de las comunidades. La alerta documenta amenazas, imposición de normas de comportamiento, extorsiones y castigos, como herramientas de control social.
En ese sentido, la Alerta señala que la violencia no siempre se expresa en combates. Se manifiesta en el miedo permanente, silencio obligado, en la imposibilidad de denunciar, confinamientos invisibles que obligan a familias a modificar rutinas, restringir movimientos y obedecer órdenes para sobrevivir.
El blanco más vulnerable
El informe es contundente al señalar que los pueblos étnicos están en el centro del riesgo. En Pueblo Rico, más del 60 % de la población pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en resguardos ubicados sobre corredores estratégicos hacia el Pacífico.
Para los grupos armados, estos territorios no son espacios culturales ni ancestrales: son puntos de interés militar y económico. La Defensoría advierte que líderes indígenas, autoridades tradicionales y miembros de Juntas de Acción Comunal reciben amenazas.
Algunos salieron desplazados y otros terminan muertos como en el caso de Diego de Jesús Diosa Medina, asesinado en octubre del año pasado en Mistrató.
En Belén de Umbría y Mistrató, aunque la densidad étnica es menor, las comunidades rurales e indígenas cumplen el mismo rol estratégico y enfrentan idénticas vulnerabilidades.
El riesgo ya es real
La alerta no sólo advierte. También describe hechos que confirman el riesgo. Por ejemplo, aumento de homicidios con arma de fuego en zonas rurales, así como desplazamientos forzados y confinamientos que afectan especialmente a comunidades indígenas y campesinas.
El documento también señala que las confrontaciones entre grupos armados y la fuerza pública incrementan el temor a represalias. El resultado es el aumento del miedo, pero ahora acompañado de más silencio y del subregistro de delitos.
Riesgo del reclutamiento
Uno de los apartados más sensibles del informe se refiere al riesgo de reclutamiento, uso e instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Aunque no siempre hay denuncias formales, la Defensoría es clara: la presencia armada permanente, la pobreza y la falta de oportunidades crean el escenario perfecto para la vinculación forzada.
Las escuelas, caminos rurales y espacios comunitarios se convirtieron, según el organismo, en escenarios de observación, presión y captación, una amenaza que compromete el futuro de generaciones enteras.
Ahora, la Defensoría ya cumplió su función: documentó, advirtió y recomendó. Ahora, la responsabilidad recae sobre el Estado. lamentablemente, cuando una alerta temprana no se atiende, la historia demuestra que el siguiente capítulo se escribirse con más violencia, más víctimas y más silencio.
