Personería calificó de crítica la situación por los retrasos y suspensión de tratamientos a pacientes con cáncer.
La desatención sistemática en la atención oncológica en Pereira estaría llevando a que pacientes con cáncer experimenten interrupciones o retrasos en sus tratamientos hasta niveles que comprometen directamente sus vidas.
Desde la Personería señalan que existe una vulneración grave y reiterada del derecho a la salud; al advertir que, en la práctica, se permite avanzar la enfermedad sin respuestas oportunas ni garantías mínimas de atención.
En este sentido, el Ministerio Público emitió una alerta temprana tras identificar una afectación sostenida y documentada contra pacientes oncológicos que, desde comienzos de este año, denuncian retrasos, negaciones y discontinuidad en sus tratamientos médicos.
Según el organismo de control, al menos 20 pacientes acudieron formalmente a la entidad desde inicios del presente año 2026 para exponer situaciones que ponen en riesgo directo su salud y su vida.
¿Cuál es la situación?
Los casos recopilados evidencian fallas estructurales en la atención, especialmente en los tiempos de autorización, la entrega de medicamentos de alto costo y la continuidad de quimioterapias, radioterapias y procedimientos especializados.
“El cáncer no se detiene mientras los pacientes esperan una autorización”, advirtió el personero municipal de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón.
En oncología, estos retrasos no son menores: cada semana sin tratamiento reduce las probabilidades de control de la enfermedad y agrava el pronóstico clínico.
“Lo que estamos encontrando es que el sistema de salud está fallando de manera reiterada y eso está teniendo consecuencias irreversibles para las personas”, señaló.
Retrasos, suspensiones y trámites agravan la enfermedad
De acuerdo con la Personería, varios de los pacientes denuncian demoras superiores a uno y dos meses para iniciar tratamientos ya ordenados por especialistas.
En otros casos, las terapias quedaron suspendidas sin justificación médica, situación que obliga a los pacientes a pp trámites administrativos mientras su condición clínica se deteriora.
El personero subrayó que no se trata de hechos aislados. “No estamos hablando de uno o dos casos excepcionales. Son más de 20 pacientes que, sólo en los primeros meses del año, han denunciado la misma problemática: retrasos injustificados, cambios constantes de IPS, negación de medicamentos y falta de seguimiento”.
La Personería alertó que muchos pacientes oncológicos pertenecen a poblaciones especialmente vulnerables, con limitaciones económicas y físicas que dificultan la interposición de acciones legales o la movilidad entre prestadores.
Esta situación, según el ente de control, profundiza la desigualdad en el acceso a la salud y expone a los pacientes a un desgaste físico y emocional adicional.
“Cuando un paciente con cáncer tiene que dedicar su energía a pelear con el sistema, el tratamiento deja de ser integral y se convierte en una carrera contra el tiempo”, sostuvo el personero.
Problema local con impacto nacional
La alerta temprana emitida en Pereira busca trascender el ámbito municipal y encender las alarmas a nivel nacional. Para la Personería, lo que ocurre en la capital de Risaralda refleja un problema estructural del sistema de salud colombiano frente a la atención de enfermedades de alto costo.
“El llamado es claro: si no se toman medidas urgentes, estas situaciones se seguirán repitiendo en todo el país. La vida de los pacientes no puede depender de trámites administrativos ni de la capacidad financiera de una EPS”, afirmó Reales Chacón.
El organismo solicitó la intervención de las autoridades y un seguimiento estricto a las entidades responsables de la atención, con el fin de evitar que los retrasos y la desatención sigan traduciéndose en un deterioro acelerado de la salud de los pacientes oncológicos.
Asimismo, la Personería concluyó que la alerta temprana es una herramienta preventiva, pero también una advertencia clara: la falta de atención oportuna a pacientes con cáncer no es sólo una falla administrativa, sino una vulneración grave a los derechos humanos que exige respuestas inmediatas del Estado.
