La audiencia inició con la confirmación de un error en el sistema misional que asignó el caso a un despacho inexistente en Bogotá.
La Fiscalía reafirmó este jueves la acusación contra Bretman de Jesús Mejía Castro, Gustavo Adolfo Hernández e Ingrid Tatiana Cano Valencia, señalados de integrar una presunta red de extorsión que afectaba a comerciantes en Risaralda.
La audiencia comenzó con la explicación de un problema administrativo que retrasó el avance del proceso. La diligencia estaba programada para las 08:27 de la mañana en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira.
Allí, la fiscal instructora explicó que el caso había sido enviado por error a un despacho especializado de Bogotá que no contaba con fiscal asignado. Esa equivocación en el sistema dejó el proceso detenido varios días.
Sólo hasta el 10 de diciembre se corrigió la falla y se expidió una resolución que autorizó al fiscal Juan Camilo Mesa, de la unidad Gaula, para apoyar la acusación. Ambos fiscales estuvieron presentes en la audiencia para evitar problemas legales más adelante.
¿De qué los acusan?
Según la investigación, los tres acusados habrían participado en un plan criminal relacionado con el GDO Cordillera, una organización que, según la Fiscalía, ejerce control ilegal sobre distintas zonas del departamento.
La hipótesis del ente acusador indica que el grupo habría montado un sistema de cobros extorsivos a comerciantes y trabajadores.
De acuerdo con el expediente, Bresman Mejía sería quien contactaba a las víctimas, fijaba las cuotas, supervisaba los pagos y hacía llamadas para presionar a quienes no cumplían con las exigencias.
También entregaba las cuentas bancarias donde debían consignarse las llamadas “matrículas”, nombre con el que la red se referiría a los pagos obligatorios.
Cómo delinquían
Entre tanto, Gustavo Hernández e Ingrid Cano habrían puesto a disposición sus cuentas bancarias para recibir el dinero producto de la extorsión.
Según la Fiscalía, retiraban de inmediato los depósitos y cambiaban frecuentemente de cuentas para evitar alertas financieras, lo que, para el ente acusador, demuestra su participación directa en la operación ilegal.
Uno de los comerciantes afectados, reconocido como víctima en el proceso, entregó a la Fiscalía recibos de pago y consignaciones realizadas bajo presión.
Contó que incluso después de cerrar por unos días su negocio, las exigencias continuaron, acompañadas de advertencias sobre los riesgos que corría su familia si no entregaba el dinero.
Con base en testimonios, documentos financieros y análisis técnicos, la Fiscalía imputó a los tres sospechosos los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, ambos considerados de alto impacto.
El ente acusador sostiene que hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio y establecer si los procesados actuaron voluntariamente dentro de un plan criminal que afectó la seguridad y la economía local.
La audiencia continuará en las próximas semanas con la revisión del descubrimiento de pruebas y la preparación del juicio.
