Un juez de control de garantías le impuso medida privativa en centro carcelario mientras avanzan hacia la sentencia condenatoria.
Julián Eduardo Cifuentes finalmente aceptó su responsabilidad en el homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe. Lo hizo después de escuchar por más de seis horas, inquieto. Se le veía alterado mientras el fiscal hacía la narración cruda y detallada sobre cómo habría ejecutado el crimen, cómo intentó borrar las evidencias y cómo huyó del país para evitar que lo capturaran.
Según la Fiscalía, Cifuentes estaba en plena capacidad de comprender todo lo malo que hizo el pasado 25 de abril de 2024. Ese día accionó una pistola semiautomática calibre 7.65 contra el sacerdote.
El relato del ente acusador fue directo: “le disparó por la espalda mientras conversaban dentro de la camioneta del religioso, quien se encontraba en completa indefensión”, dijo el fiscal.
El ente acusador aseguró que, tras asesinar al párroco, Cifuentes trasladó el cuerpo hasta un abismo en zona rural de Belalcázar, Caldas, donde lo arrojó con la intención de desaparecerlo.
La Fiscalía sostuvo que Julián Eduardo actuó de manera consciente, voluntaria y aprovechándose de la confianza que el sacerdote tenía en él. “Era su amigo”, recordó la Fiscalía durante la audiencia.
Luego del crimen, y de acuerdo con la imputación, Cifuentes condujo la camioneta del sacerdote hasta un lavadero en Viterbo. Llegó completamente empantanado y con guantes azules. Allí pidió retirar la silla trasera, ensangrentada, y trató de eliminar cualquier rastro que lo comprometiera.
En el vehículo hallaron las vainillas percutidas, una navaja y dos armas, una de ellas traumática que el mismo Julián Eduardo le había regalado al sacerdote.
Su intento de escape
La Fiscalía relató que, cuatro días después del homicidio, Cifuentes salió del país rumbo a Francia. Esa fuga motivó una notificación roja de Interpol y una solicitud formal de extradición. Finalmente, la pasada semana y luego de varios meses lo entregaron a las autoridades colombianas.
El proceso judicial avanzó gracias al trabajo conjunto del CTI y del Gaula, que en septiembre de 2024 lograron ubicar el cuerpo del sacerdote tras cinco meses de búsqueda.
Con esa evidencia y otros elementos materiales probatorios, el ente acusador estructuró la imputación por homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de evidencia.
Durante la audiencia, Julián Eduardo Cifuentes escuchó cómo el fiscal describía paso a paso su presunta actuación. Se frotaba la cabeza, no dejaba la mirada fija y cambiaba de postura cada pocos segundos.
Al final, aceptó los cargos. Sólo por el homicidio agravado podría enfrentar una pena de hasta 400 meses de prisión, pero tras la aceptación recibirá una reducción que podría llegar al 50 %.
Un juez de control de garantías consideró que representaba un riesgo para la comunidad y para el correcto desarrollo del proceso. Por eso le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde permanecerá mientras se define la condena que deberá enfrentar.
Aún no hay fecha para la sentencia condenatoria, pero se espera que la próxima audiencia se realice en el primer trimestre del próximo año.
