El detrimento patrimonial ascendería a más de 12.100 millones según la investigación de la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación presentó finalmente una acusación formal, ante la Corte Suprema, en contra de la exgobernadora del Quindío Amparo Arbeláez Escalante. La transferencia de un predio público a una asociación privada se convirtió en el eje de un expediente que lleva varios años y que ahora se acerca a juicio.
Para los investigadores, no se trató de un simple trámite administrativo. Los indicios apuntan a una posible apropiación irregular de un inmueble destinado a la comunidad, donde incluso operó un estadio de fútbol.
La Fiscalía sostiene que la exmandataria promovió y tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que dio vía libre a la cesión gratuita de un terreno de 19.527 metros cuadrados a la Asociación Abrazar.
El bien está ubicado en la variante Calarcá – Ibagué y fue entregado a finales de 2007 mediante dos escrituras públicas: la 2686 del 12 de diciembre y la 2853 del 29 de diciembre. Los documentos quedaron registrados el 4 de enero de 2008.
El estadio que terminó en manos particulares
El predio no era cualquier lote. En él funcionaba el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, escenario deportivo con uso y administración municipal. Para la Fiscalía, la exgobernadora habría desconocido lo aprobado en la ordenanza, que no autorizó ceder infraestructuras.
Durante varios años, señala el ente acusador, la asociación beneficiada asumió el control del estadio y lo explotó en su beneficio. Tras una disputa jurídica, el 28 de abril de 2022 un juez ordenó restituir el escenario a Calarcá.
Cuatro delitos en discusión
La acusación incluye los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. El peculado, en particular, se fundamenta en el presunto perjuicio económico causado al Estado.
El detrimento patrimonial calculado por los peritos supera los 12.100 millones de pesos. Los investigadores también encontraron inconsistencias en los documentos que sustentaron el proceso de cesión.
Según la Fiscalía, el Departamento no tenía competencia para donar ese inmueble porque su dominio correspondía al municipio. A esto se suma que no se realizaron estudios de conveniencia para justificar la entrega del lote a una entidad particular, pese a su vocación pública.
La defensa de Arbeláez Escalante sostiene que la ordenanza fue validada por la Asamblea y que todos los pasos administrativos se surtieron en derecho.
En las próximas audiencias, será el juez quien evalúe los testimonios y pruebas documentales que determinarán si hubo o no responsabilidad penal en las decisiones tomadas durante su administración.
