El mandatario departamental, Juan Diego Patiño, anunció nuevos equipos, más pie de fuerza y proyectos con el Ministerio de Defensa.
Son 3.000 millones de pesos de recursos propios para integrar nueve municipios al sistema de cámaras de seguridad. Además, la Gobernación gestionó ante el Ministerio del Interior un proyecto adicional por 12.000 millones para renovar el parque automotor de la Policía.
El Gobierno de Risaralda confirmó que destinará más de 15.000 millones de pesos a fortalecer la seguridad en Pereira, Dosquebradas y municipios rurales, con inversiones en tecnología, movilidad y condiciones de vida para las tropas.
Ante el aumento de homicidios y la expansión de grupos armados ilegales, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa presentó un balance de las acciones articuladas con el Ministerio de Defensa, Ejército, Policía y Fiscalía.
El mandatario también señaló que la prioridad es enfrentar el crecimiento del ELN en límites con Chocó y la presencia del Clan del Golfo en varias zonas del departamento. El gobernador confirmó que la estrategia incluye el despliegue de grupos especializados del Ejército.
Entre ellos, el Batallón de Fuerzas Urbanas (BAFUR), que opera en Pereira y Dosquebradas; el Grupo Meteoro, en Pueblo Rico; y un refuerzo en el occidente risaraldense. A esto se suma el aumento del pie de fuerza policial en el área metropolitana.
El mandatario también resaltó la importancia de mejorar la calidad de vida de soldados y policías. En ese sentido, se adelantaron adecuaciones en el batallón San Mateo, en Pereira; y en el batallón de alta montaña de Montezuma, en Pueblo Rico.
“Invertir en quienes nos protegen es invertir en la tranquilidad de los risaraldenses”, afirmó el mandatario. Uno de los avances fue el acuerdo con comunidades indígenas de Mistrató, que permitió el ingreso de tropas a sus territorios.
Patiño Ochoa pidió al Ministerio de Defensa convocar un Consejo Regional de Seguridad que permita diseñar planes específicos según las condiciones de cada territorio.
También hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección a alcaldes y gobernadores amenazados por estructuras ilegales. “No podemos esperar a que ocurran tragedias para actuar”, agregó.
