La reunión permitió exponer el Decreto Ley 4633 de 2011 y abrir canales de diálogo directo con autoridades indígenas.
En Risaralda existen comunidades indígenas que aún no han iniciado procesos formales de restitución territorial, pese a que muchas están reconocidas como víctimas. La falta de solicitudes activas, sumada a los trámites y particularidades culturales entre resguardos, retrasa el acceso a mecanismos de reparación.
La Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Pereira fue el escenario de un encuentro clave entre funcionarios de la entidad y representantes del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR).
La jornada, realizada el 22 de agosto, tuvo como objetivo socializar el marco normativo y la ruta de restitución étnico-territorial dirigida a comunidades indígenas víctimas de la violencia.
La exposición principal estuvo a cargo de Yady Lorena Mesías, profesional jurídica de asuntos étnicos de la URT, quien explicó en detalle los alcances del Decreto Ley 4633 de 2011, norma que establece medidas de reparación integral para pueblos indígenas afectados por el conflicto armado.
Líderes indígenas hablaron
Durante la socialización, los delegados del CRIR plantearon inquietudes relacionadas con la aplicación de la norma y participaron en un ejercicio de diálogo orientado a resolver dudas, formular propuestas y establecer prioridades para avanzar en el departamento.
La URT, por su parte, reiteró su disposición institucional para acompañar a los cabildos y resguardos en la presentación de solicitudes de restitución.
Uno de los aspectos centrales de la reunión fue la necesidad de identificar y priorizar casos, lo que permitirá estructurar un proceso más efectivo en Risaralda, acorde a las particularidades culturales y territoriales de cada comunidad indígena.
El encuentro concluyó con la participación activa de un consejero del CRIR, quien consolidó un canal directo con la Dirección Territorial de la URT, garantizando la continuidad de las acciones conjuntas.
Con este paso, se busca fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas en materia de restitución étnico-territorial.
