Bloqueos, retrasos y tramitadores agravan la atención médica y disparan las tutelas en el departamento.
Faltan medicinas para hipertensión, salud mental y diabetes. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó este lunes una advertencia directa sobre la crítica situación del sistema de salud en Risaralda. Lo hizo durante la tercera sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Pereira.
Durante su intervención ante medios dijo que la falta de medicamentos esenciales, los retrasos en las citas especializadas y la precarización laboral del personal de salud, están llevando a que más pacientes terminen en urgencias por complicaciones evitables.
Uno de los puntos más graves es el desabastecimiento de fármacos para casos de hipertensión, salud mental y diabetes; un problema que ya se traduce en un aumento de consultas por descompensaciones.
La situación se agudizó este lunes por problemas con el dispensario farmacéutico de la Nueva EPS, lo que provocó bloqueos en Pereira por la suspensión del servicio debido a disputas de pago entre la entidad promotora de salud y Evedisa.
Según la funcionaria, la EPS se comprometió a un arreglo urgente para evitar la interrupción total en la entrega de medicamentos. “Este no es sólo un problema del departamento, es un síntoma del deterioro nacional del derecho a la salud”, subrayó la defensora.
Están privatizando la salud
El informe también alertó sobre la proliferación de “tramitadores”, personas que cobran por hacer filas para reclamar medicinas, conseguir citas o agilizar procedimientos.
Esto, según la Defensoría, constituye una privatización de facto, ya que obliga a los pacientes a pagar por acceder a servicios que deberían ser gratuitos y oportunos.
A la crisis del suministro se suma la dilación en la programación de consultas especializadas y el cierre parcial o total de algunos servicios médicos en la región.
La Defensoría registró un incremento en las acciones de tutela por vulneración del derecho a la salud, aunque advierte que incluso estas, en muchos casos, no logran mejorar la atención.
El organismo pidió una intervención más firme de la Superintendencia Nacional de Salud para frenar abusos y garantizar que las EPS cumplan sus obligaciones.
Además, acordó con la Contraloría y la Comisión de Moralización hacer conciliaciones de cuentas para destrabar pagos pendientes que mantienen represada la entrega de medicamentos.
En su reunión con el gobernador y alcaldes municipales, la defensora reiteró que la crisis de salud debe ser prioridad dentro del decálogo de derechos humanos para Risaralda, junto a la seguridad y la protección de comunidades vulnerables.
El llamado fue claro: “sin acceso real a medicamentos y atención médica oportuna, el derecho a la salud en el departamento seguirá siendo letra muerta”, dijo.
