La Guardia Cimarrona advirtió sobre un posible escenario de exterminio contra comunidades afro.
El pasado viernes varias viviendas amanecieron pintadas con mensajes del ELN en Santa Cecilia. La Coordinación Nacional de Guardias Cimarronas de Colombia denunció una grave situación de riesgo, amenazas directas, asesinatos y guerra psicológica contra líderes afrodescendientes en este corregimiento.
En un comunicado de seis puntos al que tuvo acceso 360 Noticias, la organización advierte que las comunidades negras del país están siendo víctimas de un exterminio sistemático, y que en el caso específico de Risaralda, la violencia ha escalado con asesinatos, presencia armada y mensajes intimidantes del ELN.
“Hoy nuestros territorios son escenarios de guerra, miedo y muerte. Estamos siendo exterminados”, reza el documento firmado por la Coordinación Nacional de Guardias Cimarronas.
Los hechos más recientes ocurrieron en la madrugada del 4 de julio, cuando viviendas de Santa Cecilia amanecieron rayadas con mensajes como “61 años del ELN”, “61 años de lucha” y las siglas del grupo armado.
Las amenazas
Una de las casas afectadas es la sede donde trabaja el Representante Legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Pueblo Rico, Víctor Moreno, y el Vocero Nacional de las Guardias Cimarronas, Brayan Montoya.
“Esto constituye una amenaza directa contra sus vidas y contra todo nuestro proceso organizativo”, advierte la Coordinación.
La denuncia incluye fotografías, verificadas por este medio, donde se observan las fachadas de casas particulares y el pavimento de la vía principal marcadas con aerosol rojo.
La alerta se produce pocos días después de que, el pasado 28 de junio, asesinaron a cuatro personas afrodescendientes en Santa Cecilia, y de que un firmante del Acuerdo de Paz también fuera ultimado en el mismo territorio.
Otros casos
Los líderes afirman que en otros territorios como San Basilio de Palenque (Bolívar), personas armadas sin identificación ingresaron a espacios comunitarios y ordenaron silenciar reuniones familiares.
Ante esta situación, la Guardia Cimarrona exigió la instalación urgente de una Mesa Técnica Nacional, con presencia del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Comunidades NARP.
“Hoy no tenemos garantías para seguir defendiendo la vida. Nos sentimos perseguidos y en riesgo inminente de exterminio”, concluye el comunicado.
Además, la organización responsabiliza al Estado colombiano, en cabeza del presidente Petro y del director de la UNP, por cualquier daño que pueda sufrir la integridad de sus voceros, líderes y mayores.
