Una investigación de 360 Noticias revela cómo nacen estos delitos desde diferentes centros penitenciarios del país.
La mayoría de las llamadas extorsivas que aterrorizan a comerciantes, domiciliarios y finqueros en Risaralda provienen de cárceles en otros departamentos. “Patrón, le hablo desde el Frente Militar de las Autodefensas Gaitanistas. No queremos problemas, pero a partir de hoy venimos con limpieza social. Usted y su familia están en la lista… si no quieren verse perjudicados, más vale que colabore”, dice uno de los audios.
La voz es masculina, firme, sin titubeos. Llama desde un número celular cualquiera, uno más de los cientos que entran cada semana a comerciantes de Apía, Belén de Umbría, Pereira y otros municipios de Risaralda.
La amenaza suena real. El miedo también. Pero todo es un montaje: la voz no pertenece a ningún jefe paramilitar ni narcotraficante. Proviene de una cárcel a cientos de kilómetros.
Negocio impune
Según el capitán Duair Alberto Girón Fernández, comandante del Gaula de la Policía en Risaralda, cerca del 75% de las extorsiones denunciadas en el departamento provienen de cárceles en otras regiones del país. Las más frecuentes: La Picota (Bogotá), La Picaleña (Ibagué), Tramacúa (Valledupar) y Cárcel de Cómbita (Boyacá).
Desde allí, delincuentes con acceso a celulares y directorios públicos arman estructuras de chantaje, suplantan grupos armados reales como el Clan del Golfo o el ELN, y hacen llamadas de terror.
“En Risaralda tenemos identificada una modalidad muy común: el falso servicio. Llaman a un comerciante o a un domiciliario para que lleve un pedido a zona rural. Cuando llega, recibe una llamada en la que le aseguran que está en territorio controlado por un grupo armado. Le dicen que está rodeado por francotiradores y que debe pedirle a su jefe o familiar que pague una ‘vacuna’ para liberarlo”, explica el capitán Girón.
Víctimas preferidas
Los blancos preferidos de estas mafias son comerciantes formales, dueños de fincas y trabajadores visibles en redes sociales. Las bandas desde prisión rastrean sus números, consultan datos en cámaras de comercio o anuncios de redes, y desde ahí construyen sus listas.
“Ellos no improvisan. Llaman sabiendo dónde vive la víctima, qué negocio tiene, a qué hora abre. Y para hacer más creíble la amenaza, nombran municipios donde sí hay presencia real de grupos armados ilegales. Esa mezcla de verdad y mentira los hace peligrosos”, asegura el oficial.
Así empieza el miedo
“Don Ernesto, tenemos control total en Belén de Umbría. No queremos problemas con su familia. Si colabora, lo protegemos. Si no, ya usted sabrá…”
El audio fue entregado en exclusiva a 360 Noticias. En él, un supuesto comandante paramilitar dicta condiciones, amenaza con desplazamientos forzados y exige colaboración financiera.
La víctima, un ciudadano de a pie, apenas logra responder: “Señor, yo no vivo allá hace tiempo”. Pero no importa. El guion está armado. Lo quieren asustar para sacarle plata.
¿Cuánto exigen?
Según el Gaula, estas extorsiones pueden pedir desde $500.000 hasta $5 millones, siempre mediante consignación, giros electrónicos o pagos por Nequi y Daviplata. Nunca hay un secuestrado real, pero la presión psicológica es tan intensa que muchos terminan pagando.
En lo que va del año, en Risaralda se han recibido 68 denuncias formales por extorsión, de las cuales 34 han derivado en capturas, principalmente de internos reincidentes. Pero la cifra real es mucho mayor.
“Solo denuncian quienes ya cayeron en el juego y pagaron. Sin embargo, gracias al trabajo preventivo, hemos asesorado a más de 950 personas que nos contactaron antes de consignar. Eso es clave: detener el delito antes de que se consuma”, detalla el capitán Girón.
