En un hecho sin precedentes en Caldas, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales ordenó el arresto de Martha Irene Ojeda Sabogal, gerente regional de Nueva EPS, y Bernardo Armando Camacho Rodríguez, interventor de la entidad, por incumplir una orden judicial que protegía el derecho a la salud de una paciente con graves afecciones médicas.
Según la sentencia, la entidad omitió la entrega de medicamentos esenciales y la atención médica requerida por la paciente, quien padece miopía, astigmatismo, sospecha de glaucoma, ansiedad y depresión. A pesar de la orden del juez, Nueva EPS no cumplió con las disposiciones, lo que llevó a la drástica decisión de enviar a sus directivos a prisión.
El fallo establece que los dos funcionarios deberán cumplir tres días de arresto en un centro carcelario y pagar una multa de tres millones de pesos cada uno. Adicionalmente, se remitió el caso a la Fiscalía para investigar si la negativa de prestar los servicios médicos constituye un delito penal.
Este episodio deja en evidencia la crisis del sistema de salud y las graves consecuencias del incumplimiento de órdenes judiciales en casos de vida o muerte. La situación genera preocupación entre los usuarios de la Nueva EPS y envía un mensaje claro a las entidades prestadoras de salud: el derecho a la vida y la atención médica no pueden ser ignorados sin consecuencias.
