El llamado “impuesto rosa” sigue siendo un tema de debate en Colombia y el mundo. Este fenómeno, que hace referencia al sobreprecio que pagan las mujeres por productos similares a los de los hombres, ha sido evidenciado en diferentes sectores, desde artículos de aseo personal hasta servicios como cortes de cabello y lavandería.
Un estudio de la Superintendencia de Industria y Comercio reveló que productos como rasuradoras, desodorantes y champús diseñados para mujeres pueden costar entre un 10 % y un 20 % más que sus versiones masculinas, a pesar de no presentar diferencias significativas en composición o calidad. Incluso en la moda, prendas básicas como camisetas y jeans suelen ser más costosas en las secciones femeninas de grandes almacenes.
Esta diferencia de precios ha generado críticas desde organizaciones de consumidores y colectivos feministas, quienes consideran que se trata de una forma de discriminación económica basada en el género. En países como Francia y España, se han impulsado normativas para regular esta práctica, mientras que en Estados Unidos, algunos estados han prohibido la diferenciación de precios basada en el género.
En Colombia, el debate ha tomado fuerza en los últimos años, pero hasta el momento no se ha avanzado en una regulación específica. Aunque algunas marcas han tomado la iniciativa de reducir la brecha de precios, muchas empresas continúan aplicando costos diferenciados sin justificación aparente.
La pregunta sigue abierta: ¿es momento de legislar contra el impuesto rosa en el país o deben ser las empresas las que tomen la iniciativa de eliminar esta desigualdad? Mientras el debate avanza, las mujeres siguen pagando más por productos que, en esencia, son los mismos.
