La región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander, enfrenta un recrudecimiento de la violencia debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial. Las comunidades locales viven bajo la amenaza constante de desplazamientos forzados y confinamientos que agravan la crisis humanitaria.
Según la Defensoría del Pueblo, los municipios de El Tarra y Tibú han sido los más afectados, con comunidades confinadas debido a los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esta situación ha impedido que las familias puedan movilizarse para abastecerse de alimentos o buscar atención médica.
Por su parte, la OCHA Colombia confirmó que más de 1.200 personas han sido desplazadas en las últimas semanas, lo que ha desbordado la capacidad de respuesta local y ha requerido un llamado urgente a la intervención humanitaria nacional e internacional.
“La situación es crítica. Hay familias que no pueden salir de sus veredas por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado”, señaló un líder comunitario, reflejando la realidad que han denunciado organizaciones humanitarias en la zona.
En respuesta, la Alcaldía de Tibú ha solicitado al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar y destinar recursos adicionales para atender a las víctimas. Sin embargo, los habitantes del Catatumbo insisten en la necesidad de soluciones estructurales que garanticen su seguridad y permitan romper el ciclo de violencia que ha marcado la región durante años.
Este panorama sigue siendo un reto para las autoridades y organizaciones humanitarias que buscan proteger a las comunidades más vulnerables en medio del conflicto.
