El operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y enfocado en la protección de los recursos naturales, permitió la judicialización de 11 personas implicadas en actividades de explotación minera ilegal entre los departamentos de Risaralda y Caldas.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de Quinchía (Risaralda) y Anserma (Caldas), donde las autoridades incautaron maquinaria pesada, motobombas y otros elementos utilizados en la extracción ilícita de oro, que además generaba un grave impacto ambiental en las zonas intervenidas.
En Quinchía, siete personas fueron capturadas por llevar a cabo extracción de oro sin los títulos mineros ni permisos ambientales requeridos.
Las operaciones ilegales tenían lugar en la vereda Chuscal Bajo, sobre el cauce del río Opiramá, donde se instalaron piscinas artificiales y se verificó la utilización de químicos que comprometían la calidad del agua del afluente, que desemboca en el río Risaralda.
Entre los capturados se encuentran Sebastián Molina Trejos, Carlos Arturo Gutiérrez Franco, Diego Fernando Tello Guen, Luis Fernando León Hernández, Fredy León Hernández, Pedro José Sánchez Franco e Iván Alfonso Arcila Mejía.
Todos fueron imputados por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.
En un operativo paralelo, cuatro personas más fueron aprehendidas en la vereda La India de Anserma (Caldas) por la extracción de oro sin los permisos legales correspondientes.
A los detenidos los identificaron como Oscar Darío Mora Pérez, Cristian Andrés Aguirre, Daniel Antonio Gutiérrez Trejos y Yeison Andrés Uribe Morales.
Todos enfrentan cargos por los delitos de daño a los recursos naturales, ecocidio y explotación ilícita de yacimientos mineros.
Durante los operativos, las autoridades confiscaron una excavadora, ocho motores, una clasificadora industrial de material aurífero, 200 galones de ACPM, 12 kilómetros de manguera, nueve canaletas de lavado, cinco piscinas de lavado y otros equipos.
La Fiscalía resaltó el daño ambiental causado por estas actividades, incluyendo la alteración de ecosistemas acuáticos y la contaminación del suelo y el agua.
“Estas acciones hacen parte de una estrategia integral para combatir los delitos ambientales y proteger los recursos naturales en el país2, dice un informe de la Fiscalía General de la Nación.
