Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al contrato de obra N° 4812 de 2021, suscrito por la Alcaldía de Pereira, dejó al descubierto un escenario alarmante que podría implicar un grave detrimento patrimonial para el municipio.
La inspección, que tuvo lugar entre el 21 y 23 de octubre de este año, revela irregularidades en la ejecución de la obra, sobre todo en lo relacionado con el “pago de mayores cantidades de obra”, lo que podría resultar en una pérdida aún mayor para los recursos públicos de lo inicialmente estimado.
Durante la visita técnica, la Contraloría constató que, a pesar de que los trabajos en la vía contratada se ejecutan por tramos, estos aún no se encuentran concluidos, lo que ha permitido que la vía sea utilizada, sin las condiciones mínimas de seguridad requeridas para el tránsito.
“Un hallazgo aún más preocupante fue la identificación de pagos por $17.630.689.904,89, correspondientes a mayores cantidades de obra no ejecutadas”, dice un documento de la Contraloría General de la República.
Este monto, que ya representa una cifra significativa, es solo la punta del iceberg. Pues, la revisión ha puesto en evidencia que el valor del detrimento patrimonial podría ser mucho más alto, dado que aún falta un análisis más profundo sobre el alcance de las obras no ejecutadas en su totalidad.
Las irregularidades detectadas no son menores, ya que están en flagrante contravención de las leyes que regulan la contratación pública en Colombia.
Según la Constitución Política, los servidores públicos tienen la obligación de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y eficaz, mientras que la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales deben exigir la ejecución idónea y oportuna de los contratos, realizando revisiones periódicas para verificar la calidad de los trabajos ejecutados.
En este caso, la CGR evidencia una falta de supervisión adecuada, lo que ha derivado en la mal utilización de los fondos destinados a la obra pública.
Además, la Ley 610 de 2000 establece que los servidores públicos responsables de la gestión de recursos deben evitar cualquier acción que implique un detrimento patrimonial al Estado, y en caso de que esto ocurra, se abrirían procesos de responsabilidad fiscal.
Esto, sumado a las observaciones realizadas, indica que el daño al patrimonio público podría ser aún mayor al que inicialmente se había señalado, lo que obliga a la Alcaldía de Pereira y las autoridades competentes a tomar medidas correctivas urgentes.
