El resguardo Gitó Dokabú exige soluciones para uno de sus colegios. Recientemente, la Personería de Pueblo Rico interpuso una tutela en nombre de 1.160 menores, contra la Gobernación de Risaralda, para exigir mejoras en la infraestructura de la Institución Educativa Indígena Técnica Agropecuaria Dachi Dada Kera.
Con esta medida, se busca proteger los derechos fundamentales de los estudiantes. Mediante el instrumento, el órgano de control solicita a las secretarías de Educación e Infraestructura, soluciones a las graves deficiencias en infraestructura que enfrenta la sede educativa.
El personero encargado, Danilo Mejía Arcila, elevó la solicitud argumentando que las condiciones actuales de la institución educativa ponen en riesgo los derechos fundamentales de los estudiantes, entre los que destacan el derecho a la educación, la igualdad, la recreación y la integridad física.
Esta institución, ubicada en la comunidad de Kemberdé del resguardo Gitó Dokabú, es la única opción educativa para la población indígena de la región. Además , en el documento se detalla las graves condiciones en las que se encuentra la institución.
“Las aulas se inundan en épocas de lluvia, debido a deficiencias en el manejo de aguas pluviales, el sistema eléctrico es inadecuado, con un suministro de 220 V cuando se requiere de 110 V, y el pozo séptico representa un riesgo de seguridad debido a la falta de una cubierta”, dice el escrito.
Asimismo, señalan que las estructuras de madera, construidas hace varios años, están deterioradas por plagas y la exposición a condiciones climáticas adversas.
Otra de las problemáticas expuestas en el documento es la falta de cuidadores nocturnos en las residencias estudiantiles, situación que afecta la seguridad de los menores que viven temporalmente en la institución.
A pesar de las repetidas solicitudes por parte de la rectora Ángela María Maya, la respuesta de las autoridades, según, ha sido limitada, sin que se logren soluciones concretas para la mejora de la infraestructura educativa.
La tutela también señala que, a pesar de intervenciones menores, las problemáticas estructurales persisten y se han agravado con el paso del tiempo.
El colapso de un talud en marzo de 2023, que afectó la rectoría y varias aulas, es una muestra del peligro inminente que enfrentan los estudiantes y docentes.
Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Pueblo Rico, tras una visita en mayo de 2023, recomendó la evacuación de la sede ante el riesgo de colapso de algunas partes del edificio.
Entre las solicitudes planteadas en la acción de tutela, la Personería exige intervenciones urgentes en la infraestructura, incluyendo la construcción de nuevos salones, mejoras en el sistema eléctrico y la culminación del pozo séptico.
También se solicita la asignación de cuidadores para garantizar la seguridad de los estudiantes que residen en el lugar, y el fortalecimiento del acceso a internet, que actualmente es insuficiente para las necesidades educativas de los estudiantes.
El personero Mejía Arcila también solicitó que el Ministerio de Educación Nacional y la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior se vinculen al proceso, considerando que se trata de una población étnica vulnerable cuya situación requiere la intervención de entidades con mayor capacidad política y económica.
