Durante la tarde de este jueves 16 de mayo, Bogotá fue escenario de un acto de violencia que conmociona a la opinión pública: Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, fue asesinado mientras se dirigía a su hogar en un vehículo del INPEC. El atentado ocurrió en la carrera 30 con calle 80, al noroccidente.
Fernández, coronel en retiro, había denunciado amenazas contra su vida y la de su familia en los últimos días, sin embargo, no contaba con un esquema de seguridad adecuado al momento del ataque. Los sicarios, que se desplazaban en motocicleta, abrieron fuego contra el vehículo del INPEC, acabando con la vida del director penitenciario en el acto.
Las amenazas contra Fernández provenían de un individuo autodenominado ‘Pedro Pluma’, según panfletos encontrados que intimidaban al director de la cárcel por su labor de implementar requisas y gestionar el traslado de reclusos. Estas acciones que forman parte de las rutinas carcelarias, habrían desatado la ira de grupos delictivos que operan desde dentro y fuera de las cárceles.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reaccionó rápidamente al asesinato, anunciando la implementación de un plan candado en Bogotá para capturar a los responsables. “No nos van a amedrentar, saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia”.
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X, señalando que Fernández había asumido su cargo el pasado 4 de abril y estaba dedicado a imponer disciplina y realizar requisas aleatorias en La Modelo.
“Hoy es asesinado vilmente”, escribió Petro, destacando la necesidad de medidas de seguridad reforzadas para los funcionarios penitenciarios en todo el país.
Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia contra los empleados del INPEC. En lo que va del año, se han registrado cerca de 200 amenazas contra funcionarios de la institución.
Hace tres meses, el ministro Osuna declaró una emergencia carcelaria en respuesta a los ataques presentadas en varias cárceles del país, incluyendo Cartagena, Jamundí y Tuluá, pero estas medidas no han sido suficientes para detener la escalada de violencia.
