El padrastro recibió 12 años y madre 2 años por complicidad. La investigación reveló que violentaban a los dos pequeños.
La intervención de un familiar permitió rescatar a dos niños sometidos durante meses a violencia extrema en su propio hogar. Las autoridades lograron documentar un patrón de abuso continuado que terminó con una condena judicial en firme.
La justicia en Risaralda emitió una de las decisiones más contundentes recientes en materia de protección a menores. Un juez de conocimiento de Santa Rosa de Cabal condenó a una pareja por someter a tratos crueles, degradantes y tortura a dos niños de apenas 4 y 5 años, en hechos que ocurrieron entre 2023 y 2024 en una vivienda del barrio San Vicente.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron contundentes. Al padrastro lo sentenciaron a 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la madre recibió una pena de 2 años y 8 meses como cómplice, tras aceptar su responsabilidad de manera libre y voluntaria.
El caso expuso un escenario de horror sostenido en el tiempo. La investigación estableció que los dos menores sufrían agresiones físicas y psicológicas reiteradas, ejecutadas principalmente por el padrastro con la complacencia de la madre.
Entre los hechos más graves documentados por la Fiscalía se encuentra un episodio en el que el niño menor sufrió quemaduras en sus manos. El castigo fue impuesto por comerse las uñas.
Pero este no fue el único hecho. Los investigadores confirmaron que uno de los menores permanecía atado durante largos periodos, en condiciones que vulneraban completamente su integridad y dignidad. A esto se sumaron prácticas degradantes como obligarlos a comer del suelo o incluso de la basura.
El nivel de maltrato alcanzó extremos que impactaron incluso a los investigadores del caso. Los niños eran obligados a dormir en el piso y carecían de condiciones mínimas de bienestar, lo que configuró un escenario de violencia intrafamiliar agravada y sistemática.
La denuncia de un familiar resultó clave. Sin ese reporte oportuno, los hechos habrían permanecido ocultos, prolongando el sufrimiento de las víctimas. La intervención permitió activar la ruta institucional de protección y abrir la investigación penal.
Pruebas forenses y confesión
El proceso judicial se sustentó en un fuerte material probatorio. Los informes de Medicina Legal evidenciaron múltiples lesiones, hematomas y signos de violencia física y psicológica en los cuerpos de los menores, confirmando el relato de los hechos.
A esto se sumó la labor de la Fiscalía Seccional Risaralda. El ente acusador logró reconstruir cada episodio de agresión y demostrar la responsabilidad directa del padrastro, así como la participación pasiva pero determinante de la madre.
Ante el peso de las pruebas, la pareja optó por aceptar cargos. La admisión de responsabilidad se dio de manera libre, voluntaria y con asesoría de su defensa, lo que permitió avanzar hacia una sentencia anticipada.
El juez valoró la gravedad de las conductas. La tortura y las lesiones personales agravadas configuraron delitos de alto impacto, especialmente por la condición de indefensión de las víctimas, lo que derivó en penas privativas de la libertad en establecimiento penitenciario.
La decisión judicial quedó en firme. Ambos condenados deberán cumplir sus penas en prisión, sin posibilidad de beneficios inmediatos, mientras el Estado garantiza la protección de los menores.
Actualmente, los niños se encuentran bajo medidas de restablecimiento de derechos. Las autoridades activaron los protocolos de protección para asegurar su recuperación física y emocional, en un proceso que será acompañado por entidades especializadas.
