Había huido a Francia tras asesinar el crimen y 17 meses después se concretó su extradición a Colombia.
Un juez penal de Pereiracondenó a 333 meses y 9 días de prisión (27 años y nueve meses)a Julián Eduardo Cifuentes Gómez por el asesinato del sacerdote Darío Valencia Uribe.El caso pudo resolverse luego de varios meses de incertidumbre.
La decisión la adoptó el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que declaró penalmente responsable a Cifuentes Gómez como autor de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio.
Durante la audiencia de lectura del fallo, la juez explicó que el procesado aceptó su responsabilidad penal mediante allanamiento a cargos, lo que permitió emitir la sentencia condenatoria sin llegar a juicio oral completo.
El despacho concluyó que el acusado actuó de manera consciente, voluntaria y con plena capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta, descartando cualquier causal que pudiera eximirlo de responsabilidad penal.
Encuentro que terminó en crimen
La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación estableció que el 25 de abril de 2024 el sacerdote Darío Valencia Uribe salió de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sector de La Alvira, en Pereira, con el propósito de recibir un dinero producto de la venta de una camioneta.
El negocio estaba relacionado con un vehículo Subarú que había adquirido el propio procesado, lo que permitió a los investigadores reconstruir el último encuentro entre la víctima y su agresor.
Registros de cámaras de seguridad mostraron que ambos salieron juntos en la camioneta Nissan Frontier del sacerdote, pero horas después al acusado lo vieron conduciendo el vehículo solo.
Según el expediente judicial, hacia la 01:55 de la tarde, Cifuentes Gómez llegó a un lavadero de autos en el municipio de Viterbo (Caldas), donde pidió que limpiaran la camioneta que estaba cubierta de barro.
El trabajador del establecimiento declaró ante la Fiscalía que en el interior del vehículo había manchas de sangre fresca en la parte trasera, lo que posteriormente se convirtió en una de las primeras pistas clave de la investigación.
El testigo también aseguró que el procesado retiró el asiento trasero, recogió vainillas de arma de fuego halladas dentro del automotor y cambió sus prendas de vestir. Además, relató que Julián Eduardo portaba dos armas de fuego en la pretina del pantalón mientras supervisaba la limpieza.
Posteriormente, el acusado llevó la camioneta a un parqueadero del barrio Los Almendros en Viterbo, donde solicitó que permaneciera guardada durante un mes y pidió cubrir completamente el automotor.
El hallazgo que confirmó el homicidio
Meses después de la desaparición del sacerdote, la investigación tuvo un avance clave cuando investigadores del CTI hallaron restos óseos en zona rural del municipio de Belalcázar (Caldas), en el sector conocido como Patio Bonito.
En el lugar recuperaron fragmentos de huesos, prendas de vestir y otros elementos asociados a la víctima, que trasladaron a laboratorios especializados para análisis forense.
Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal realizaron estudios odontológicos y antropológicos que permitieron confirmar plenamente la identidad de los restos como pertenecientes al sacerdote Darío Valencia Uribe.
El informe de necropsia estableció que la muerte fue violenta y causada por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
Los análisis determinaron que los disparos impactaron la columna dorsal y estructuras del tórax, provocando lesiones incompatibles con la vida y causando un shock medular e hipovolémico.
Los expertos también concluyeron que los disparos habrían sido realizados desde la parte posterior, lo que sugiere que la víctima estaba de espaldas al agresor.
Huida y sentencia
Tras cometer el crimen, el procesado salió del país con destino a Francia, donde permaneció hasta que las autoridades colombianas activaron mecanismos de cooperación judicial internacional.
Con base en una circular roja de Interpol, a Julián Eduardo lo localizaron y capturaron. La detención se materializó el 20 de noviembre de 2025, cuando finalmente lo extraditaron a Colombia para responder ante la justicia.
El juzgado determinó inicialmente una pena superior a los 500 meses de prisión, producto del concurso de delitos imputados, pero debido al allanamiento a cargos, la legislación penal permite una reducción de hasta el 40 %.
Con base en esa rebaja, el despacho fijó la sanción definitiva en 333 meses y 9 días de prisión (27 años y nueve meses).
Adicionalmente, el condenado debe pagar una multa equivalente a 390 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La sentencia también incluyó inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años, así como prohibición para portar armas de fuego durante 96 meses.
La juez ordenó que la pena sea cumplida en un establecimiento penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
