CIPRAT acordó medidas en justicia, salud y vías tras advertencias por riesgos a comunidades étnicas e indígenas.
La Alerta Temprana 001 de 2026 llevó al Estado hasta los territorios. Durante tres días, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) sesionó en Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría.
Desde la Defensoría del Pueblo se advirtió de graves vulneraciones a la vida, la integridad y la movilidad, además de infracciones al derecho internacional humanitario. El resultado: compromisos concretos en justicia, salud, infraestructura y protección colectiva.
Entre el 17 y el 19 de febrero, delegados nacionales y autoridades locales revisaron uno a uno los riesgos documentados por la Defensoría. La advertencia no fue menor: los tres municipios concentran población indígena y étnica en condición de vulnerabilidad, en escenarios donde operan grupos armados organizados.
Justicia y protección
Uno de los anuncios centrales fue la apertura de un Punto de Atención de la Fiscalía en Mistrató, que contará con fiscales en territorio para garantizar acceso efectivo a la justicia. La medida responde a una de las principales falencias detectadas: la distancia entre las víctimas y el aparato judicial.
A su vez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) priorizará casos individuales y colectivos pendientes en los tres municipios y brindará asistencia técnica a las alcaldías para fortalecer rutas de protección.
En paralelo, las guardias indígenas coordinarán con la Fuerza Pública espacios de presencia en zonas críticas, especialmente donde se ha advertido influencia de estructuras armadas.
Desde la administración departamental destacaron el alcance de las sesiones. “Realmente se lograron muchas cosas, muchos compromisos; hay acciones pequeñas, pero que ya se han empezado a evidenciar”, señaló una fuente institucional tras las jornadas.
Salud, infraestructura y enfoque diferencial
En materia sanitaria, el Ministerio de Salud liderará una Mesa Nacional de Salud para estructurar un plan que fortalezca hospitales, centros de salud y equipos médicos en los tres municipios.
De manera complementaria, el ICBF, la Gobernación y las alcaldías coordinarán planes de salud mental con enfoque diferencial y étnico, ante los impactos psicosociales derivados del conflicto y la exclusión histórica.
La infraestructura vial, señalada como eje transversal de la alerta, también quedó en la agenda. INVIAS, el Ministerio de Transporte, la Gobernación y los gobiernos municipales se articularán para intervenir vías urbanas y rurales, con énfasis en accesos a territorios étnicos.
Otro frente será el fortalecimiento de las Comisarías de Familia mediante la implementación de las estampillas previstas en la Ley 2126 de 2023. Además, la Gobernación convocará a la Asamblea Departamental para crear un Fondo Cuenta Especial que financie infraestructura, dotación y mobiliario de estas dependencias.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) acompañará procesos de minería ancestral, reconocida como práctica cultural y sustento económico de comunidades locales.
“Los alcaldes entendieron que una alerta temprana no era contra nadie ni para juzgar una administración, sino una herramienta”, afirmó la misma fuente.
El compromiso final fue ajustar y robustecer los planes de acción institucionales con base en las recomendaciones de la Defensoría. La efectividad de la respuesta dependerá ahora de la ejecución.
