Presidente y vicepresidente del Concejo habrían impuesto requisitos no previstos en la ley.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el presidente y el primer vicepresidente del Concejo de Santuario, Risaralda, por presuntamente entorpecer la posesión de un cabildante que debía asumir una curul tras una vacancia absoluta.
El ente de control investiga si hubo imposición de requisitos no contemplados en la ley, lo que habría alterado el procedimiento administrativo y vulnerado derechos políticos.
Los disciplinados son Juan Camilo Buriticá Mena (2024-2027), presidente de la corporación, y Edier de Jesús Tabarez Cañaveral (2024-2027), primer vicepresidente.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira advirtió que, ante la vacancia definitiva de un escaño, Buriticá Mena habría establecido términos y exigencias no previstos ni en la normativa vigente ni en el reglamento interno del Concejo.
Según el Ministerio Público, la actuación del presidente del Concejo habría derivado en el entrabamiento de la posesión de quien seguía en la lista de elegibles, es decir, de Luis Hernando Usma Quintero, a quien le correspondía asumir la curul en derecho.
La investigación disciplinaria señala que, en lugar de fijar fecha para la posesión, el funcionario habría reiterado que el término para aceptar el cargo estaba vencido. Posteriormente, procedió a notificar a Ramiro Antonio Cardona López, a quien posesionaron el 26 de marzo.
Presunta falta
Para la Procuraduría, esta decisión podría constituir una alteración del orden legal de sucesión dentro de la corporación. El organismo sostiene que se habría fijado de manera discrecional un procedimiento no establecido legalmente, afectando el normal desarrollo del trámite administrativo.
En cuanto al primer vicepresidente, Edier de Jesús Tabarez Cañaveral, el ente de control indicó que presuntamente avaló con su firma las actuaciones cuestionadas. De acuerdo con el pliego de cargos, habría respaldado la vulneración del debido proceso del ciudadano que debía asumir la curul.
El Ministerio Público advirtió que a Usma Quintero se le habrían exigido documentos y requisitos adicionales, desconociendo su derecho al debido proceso y su participación política, así como la representación del electorado que respaldó la lista correspondiente.
La Procuraduría consideró que, con su aparente proceder, los dos concejales pudieron entorpecer el normal desarrollo del procedimiento administrativo. La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa grave, lo que implica que, de confirmarse los hechos, podrían enfrentar sanciones disciplinarias.
El proceso se encuentra en etapa de instrucción y los funcionarios tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del trámite disciplinario. La decisión final dependerá del análisis probatorio que adelante el órgano de control.
