Expertos advierten que el Gobierno debe sustentar impactos económicos antes de definir el aumento provisional.
El aumento del salario vital decretado para 2026 quedó en pausa y abrió un nuevo frente jurídico: el Gobierno tiene ocho días para fijar un incremento transitorio, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad del decreto suspendido.
El auto del 12 de febrero determinó la suspensión temporal de varias disposiciones del acto administrativo que establecía un aumento superior al 23 % frente al salario mínimo del año anterior. Para el alto tribunal, el decreto no acreditó de manera suficiente los impactos que esa decisión tendría en variables como inflación, productividad y distribución del ingreso.
El abogado Juan Camilo Díaz Diosa explicó que la decisión judicial no cuestiona la figura del salario vital en sí misma, sino la falta de motivación técnica.
“El Consejo de Estado consideró que el decreto no fundamentó de manera clara las incidencias económicas del aumento”, señaló. Según Díaz Diosa, el problema radica en la ausencia de estudios detallados que respalden el porcentaje fijado.
El jurista añadió que el concepto de salario vital, al que ha hecho referencia el presidente Gustavo Petro y organismos internacionales, requiere soportes técnicos cuando se traduce en cifras concretas.
“No basta con la referencia conceptual. Se deben demostrar los efectos reales sobre inflación, productividad y sostenibilidad fiscal”, afirmó.
Ocho días para un incremento
La decisión judicial obliga ahora al Ejecutivo a expedir un nuevo porcentaje de incremento con carácter transitorio. Ese ajuste no será definitivo y regirá mientras el Consejo de Estado resuelve la demanda principal.
“El tribunal pidió que en los ocho días siguientes se expida un aumento provisional, no definitivo”, explicó Díaz Diosa. En su criterio, la medida busca evitar un vacío normativo y mantener seguridad jurídica para empleadores y trabajadores.
Mientras se emite el nuevo decreto, el salario mínimo continúa en 1.750.000 pesos. Esto implica que las empresas deben mantener esa base en sus obligaciones laborales hasta que se publique el porcentaje transitorio.
Para el abogado, la decisión tiene efectos inmediatos en la planeación financiera de las compañías. “Los empleadores deben prever en su contabilidad el ajuste que se va a expedir, porque podría generar modificaciones en aportes y costos laborales”, advirtió.
El debate de fondo seguirá su curso en el alto tribunal. Si el Consejo de Estado concluye que el decreto carece de soporte suficiente, podría anularlo de manera definitiva. Si, por el contrario, el Gobierno logra acreditar estudios técnicos sólidos, el aumento podría recuperar vigencia plena.
