Consejo de Estado dio ocho días al Gobierno para expedir decreto transitorio tras frenar aumento del 23%.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del 23% del salario mínimo para 2026 congela una de las principales apuestas económicas del Gobierno de Gustavo Petro, pero también lo obliga a expedir, en apenas ocho días, un nuevo decreto transitorio.
El auto suspendió los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido tras el fracaso de la concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Aunque el Gobierno puede fijar el salario por decreto cuando no hay acuerdo tripartito, el alto tribunal recordó que esa facultad no es discrecional ni ilimitada.
A continuación, las doce claves para entender el alcance de la decisión:
1. Medida cautelar, no fallo definitivo.
La suspensión es provisional mientras se resuelve la demanda de nulidad. No implica que el decreto sea ilegal en forma definitiva.
2. Ocho días para un nuevo decreto.
El tribunal ordenó expedir una fijación sustitutiva y temporal del salario mínimo para evitar un vacío normativo.
3. Riesgo de efectos irreversibles.
El Consejo advirtió que un aumento del 23% podría generar pagos irrepetibles e impactos estructurales en pensiones, nómina pública y costos empresariales.
4. Debate sobre el “salario vital”.
El Gobierno sustentó buena parte del incremento en la brecha entre salario mínimo y salario vital estimado con estudios de la OIT. Para el tribunal, ese concepto no está incorporado como criterio legal vinculante.
5. Variables obligatorias.
La Ley 278 de 1996 exige considerar inflación, productividad, crecimiento del PIB y meta de inflación. Esos factores deben ponderarse de forma conjunta y verificable.
6. Falta de correlación técnica.
Según el auto, la inflación a noviembre de 2025 fue de 5,3% y la productividad de 0,91%. El incremento decretado cuadruplica la inflación y multiplica ampliamente la productividad, sin explicación suficiente.
7. Principio de legalidad.
El tribunal subrayó que la política salarial no puede desbordar el marco legal ni convertirse en herramienta redistributiva ajena a la ley.
8. Control judicial efectivo.
La medida busca evitar que una eventual nulidad futura resulte inocua por efectos económicos ya consolidados.
9. Precedente de 2016.
El Consejo recordó que el decreto del salario mínimo de 2016 fue anulado años después por insuficiente motivación, cuando ya había producido todos sus efectos.
10. Impacto fiscal.
Expertos advierten que un aumento de esa magnitud podría tensionar la regla fiscal y elevar el gasto público estructural.
11. Seguridad jurídica.
El fallo envió un mensaje institucional claro: las decisiones económicas deben sustentarse en motivación técnica sólida.
12. Debate abierto.
La suficiencia del salario mínimo y la protección del ingreso siguen en discusión, pero dentro de parámetros legales.
La suspensión deja en suspenso el aumento del 23% y obliga al Gobierno a recalibrar su decisión bajo criterios estrictamente legales. El nuevo decreto deberá demostrar una ponderación técnica real de las variables económicas y sociales.
