El ataque armado en la vía Fortul – Tame dejó fallecidos. El Gobierno ofreció recompensa por los responsables.
Un atentado armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos dejó dos funcionarios asesinados, cuatro personas desaparecidas y desató un despliegue nacional de Fuerza Pública en Arauca, en un hecho que el Gobierno calificó como un ataque directo a la democracia.
El ataque ocurrió en la vía que comunica a Fortul con Tame, un corredor estratégico históricamente golpeado por la presencia de grupos armados ilegales. De acuerdo con la información oficial, el senador no viajaba en los vehículos ni se encontraba en el lugar cuando se produjo la emboscada.
Las víctimas mortales eran integrantes del esquema de protección del congresista. En el mismo hecho, cuatro miembros de su equipo de trabajo fueron interceptados cuando se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca, de platón, placas THZ-973, y desde entonces permanecen desaparecidos.
Lo que dijo el ministro de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se comunicó directamente con el senador Castellanos tras conocer el ataque y ordenó activar todas las capacidades del Estado para garantizar su seguridad y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
El jefe de la cartera explicó que, por instrucción expresa del presidente Gustavo Petro, se puso en marcha un trabajo articulado e inmediato entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia con la mayor celeridad.
El ministro fue enfático en señalar que el senador no resultó herido ni estaba presente, y recalcó que el crimen de los escoltas constituye un golpe contra el ejercicio político y las garantías democráticas en el país.
Las primeras líneas de investigación apuntan a que el atentado sería obra de estructuras del ELN que operan en la zona, aunque las autoridades aclararon que esta hipótesis continúa en verificación.
Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
