Autoridades enfrentan retos urgentes en materia de salud, seguridad y educación para los jóvenes.
La Alerta Temprana 001-2026, elaborada por la Defensoría del Pueblo Seccional Risaralda, describió con detalle un escenario de riesgo extremo para comunidades indígenas del departamento. El documento, al parecer, permaneció sin publicarse durante varios meses en la oficina central de Bogotá.
Esta demora, presuntamente, habría impedido activar acciones preventivas oportunas. Debido a que, cuando se hizo público, en enero de este año, los daños ya estaban consumados.
Noticias 360 Digital pudo establecer que el informe estuvo listo desde agosto de 2025, luego de un trabajo de campo y verificación territorial adelantados por la seccional Risaralda. La demora no ocurrió en el nivel regional, sino en la instancia central, responsable de autorizar y difundir oficialmente las alertas.
El documento de la Defensoría es contundente. En materia de nutrición, registra cinco muertes asociadas a desnutrición (DNT) durante 2025, concentradas principalmente en Pueblo Rico, donde la población indígena enfrenta confinamientos prolongados y barreras de acceso a servicios básicos.
En salud mental, describe una crisis sin precedentes. En los resguardos Gitó Dokabú (Emberá Katío) y Unificado San Juan (Emberá Chamí), en el corregimiento de Santa Cecilia, se documentaron entre 15 y 19 intentos de suicidio en 2025. La Alcaldía de Pueblo Rico reportó 13 casos, mientras la Defensoría elevó la cifra por subregistro.
El dato más grave proviene del sistema SIVIGILA. Al menos cinco suicidios consumados de integrantes de pueblos ancestrales, ocurridos entre enero y septiembre de 2025. El informe advierte que el número real podría ser mayor debido al temor a denunciar y a la ausencia de atención oportuna.
Cifras que estremecen
La Alerta Temprana 001-2026 también documentó un riesgo asociado a la violencia sexual contra menores indígenas. La Dirección Local de Salud de Pueblo Rico reportó:
- Un caso de acceso carnal violento contra una menor de 13 años.
- Ocho actos sexuales contra menores entre 2 y 14 años, siete de ellos indígenas.
- Dos casos adicionales de violencia sexual contra adolescentes de 14 y 15 años, una de ellas Embera.
- 15 casos de mutilación genital femenina reportados entre enero y julio de 2025.
En cuanto a violencias basadas en género, entre marzo y septiembre de 2025, la Alcaldía reportó 13 casos en comunidades Emberá Chamí y Katío, mientras la Defensoría elevó el registro a al menos 21 casos, sólo en población indígena.
En este contexto, la Procuraduría General de la Nación anunció recientemente el inicio de una investigación disciplinaria contra un educador indígena por presunto abuso sexual contra varias de sus estudiantes en Pueblo Rico, lo que refuerza las advertencias de la alerta.
Confinamiento y control armado
La Defensoría documentó que más de 400 indígenas Emberá Chamí y Katío permanecieron confinados por más de 45 días en febrero de 2025, por temor al tránsito de hombres armados asociados al ELN y al autodenominado EGC.
Este evento, a juicio del organismo defensor de derechos humanos, restringió el acceso a alimentos, salud y educación a un número importante de personas, incluyendo niños, lo que agravó la desnutrición y la crisis de salud mental.
El líder comunal y defensor de derechos humanos, Jaime Gutiérrez, cuestionó la demora en la publicación del documento. Dijo que “el problema es que en Bogotá demoraron la publicación de la alerta. Cuando salió, ya había muertos, suicidios y abusos que se pudieron evitar”, dijo.
