Se cuestionó un supuesto sesgo investigativo, desperdicio de fuentes y pruebas clave en un proceso que lideró Fiscalía Bogotá.
La decisión no sólo sorprende, sino que deja sin responsables el crimen del líder estudiantil Lucas Villa. La juez concluyó que hubo errores metodológicos que condicionaron la búsqueda de la verdad. Ahora, el fallo absolutorio devuelve el caso a un escenario de incertidumbre.
Finalmente, la Fiscalía, que asumió el caso desde Bogotá, no logró probar la autoría ni la participación de los acusados más allá de toda duda razonable. El despacho advirtió un sesgo de confirmación desde las primeras horas, cuando los investigadores enfocaron la indagación en una sola hipótesis territorial y descartaron otras líneas con potencial probatorio.
Durante el juicio, los informes técnicos describieron recorridos, registros telefónicos e interceptaciones, pero no acreditaron percepción directa de los hechos ni coordinación criminal comprobable.
La decisión judicial señaló contradicciones, imprecisiones y retractaciones del testigo principal, además de la ausencia de corroboración externa que fortaleciera su versión. Para el juzgado, la acumulación de diligencias no reemplazó la prueba sólida.
Quiénes salen en libertad
Steven Mejía, conocido como alias “Truán”, junto a su hermano Jhon Alexander Mejía Hurtado, alias “Carevieja”, mencionados por la Fiscalía dentro del entramado criminal que rodeó el caso.
Ambos quedaron bajo la lupa de los investigadores por su presunta cercanía con estructuras delincuenciales del área metropolitana de Pereira y por referencias surgidas en testimonios recopilados durante la indagación.
En ese contexto también figuraba alias “Calogero”, señalado como testigo clave que habría entregado información relevante sobre los autores y la logística del ataque, pero que fue asesinado antes de rendir declaración formal ante las autoridades.
Ese hecho, según consta en los informes judiciales, debilitó una de las líneas probatorias centrales del proceso y dejó sin sustento directo varias de las hipótesis que buscaban esclarecer responsabilidades penales en el crimen de Lucas Villa.
Críticas judiciales
El fallo llamó la atención sobre supuestas fuentes desaprovechadas, hipótesis abandonadas sin contraste y deficiencias en la construcción del caso. La jueza recalcó que una sentencia condenatoria puede sustentarse en un testigo único, sólo si existe respaldo autónomo, condición que al parecer no se cumplió.
En consecuencia, absolvió a los procesados por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas luego de la captura de ambos en el año 2023.
Tras la audiencia, Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, afirmó que la absolución confirma un desvío investigativo que “embolató” el caso ante la opinión pública.
Insistió en reabrir líneas omitidas y en reconocer la gravedad del hecho dentro del contexto de protesta social, no como un crimen ordinario. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para este 28 de enero.
El contexto del atentado
Lucas Villa, líder estudiantil y activista, participaba el 5 de mayo de 2021 en una manifestación del Paro Nacional en el viaducto César Gaviria Trujillo, que conecta Pereira y Dosquebradas.
En horas de la noche, dos motocicletas se aproximaron y uno de sus ocupantes disparó en repetidas ocasiones. Villa resultó gravemente herido de tres impactos, uno de ellos en la cabeza, y murió el 11 de mayo, tras días hospitalizado.
El proceso judicial estableció que las motocicletas merodearon previamente la zona y que la escena no fue asegurada de inmediato, factores que comprometieron la recolección de evidencias.
Para la judicatura, esas falencias iniciales y la falta de exploración integral del contexto del estallido social terminaron por debilitar un caso que hoy vuelve a quedar sin responsables.
Por su parte, Sidssy Uribe aseguró que la absolución no cierra el caso y, por el contrario, abre un nuevo escenario judicial y político. Dijo que la decisión de la magistrada deja bases sólidas para exigir que la Fiscalía reoriente la investigación, reactive líneas abandonadas y avance sobre posibles responsabilidades distintas a las ya descartadas.
Anunció que la familia insistirá en que el crimen se investigue como un hecho ocurrido en el marco del estallido social, con todas sus implicaciones, y no como un homicidio común.
También advirtió que harán seguimiento estricto a los procesos aún abiertos, incluidas las amenazas previas y posteriores al asesinato, y pidió a los organismos de control y a la comunidad internacional mantener la atención sobre un caso que, cinco años después, sigue sin responsables judiciales.
