Gremio advierte que usar fiducias como ajuste fiscal amenaza contratos, inversión privada y hasta vigencias futuras.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una advertencia directa al Gobierno nacional por el manejo fiscal anunciado sobre proyectos viales ya contratados. Aseguran que tocar recursos fiduciarios y recortar inversiones compromete obligaciones vigentes del Estado.
El pronunciamiento surgió tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles ajustes al déficit fiscal. Para el sector, el mensaje pone en tensión la confianza institucional.
La CCI aclaró que los recursos administrados en fiducias de proyectos concesionados no constituyen excedentes fiscales ni dineros disponibles para libre destinación. Estos fondos respaldan contratos en ejecución y garantizan el desarrollo progresivo de obras estratégicas.
Cifras para analizar
El presidente ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, precisó que los recursos realmente disponibles ascienden a 6,5 billones de pesos, lejos de los 18 billones mencionados por el mandatario.
Según explicó, estos dineros respaldan pagos que se realizan conforme avanza la construcción de las obras y sostienen compromisos contractuales del Estado.
La CCI sostuvo que presentar la infraestructura como una variable de ajuste fiscal altera las reglas del modelo concesionado y envía una señal negativa a inversionistas y financiadores, en momentos en que el país requiere estabilidad jurídica para sostener proyectos de largo plazo.
Antecedentes, anuncios y efectos reales
El gremio recordó que la terminación anticipada del corredor de carga Barranquilla – Cartagena ya marcó un precedente con efectos directos sobre conectividad, logística y competitividad regional.
A este hecho, según la CCI, se sumaron los anuncios sobre una eventual reversión del contrato de Autopistas del Café y la eliminación de peajes, pese a que el contrato sigue vigente y no contempla esa posibilidad.
El gremio también alertó por los recortes de vigencias futuras en proyectos estratégicos como el Canal del Dique y la vía Mulaló – Loboguerrero, que alcanzan cerca de un billón de pesos.
Estas decisiones, advirtió Caicedo Ferrer, afectan la planeación, desconocen obligaciones jurídicas y trasladan a las concesiones responsabilidades que dependen de decisiones ambientales del Gobierno nacional.
Finalmente, la Cámara recordó que la infraestructura cumple una función social: seguridad vial, acceso a educación, reducción de tiempos de viaje y desarrollo regional.
El gremio cerró el comunicado con un llamado institucional: defender la infraestructura significa proteger la confianza, la legalidad y la capacidad del país para planear su desarrollo, no blindar intereses particulares.
