Aceptación de cargos revela red criminal con 55 víctimas y más de 40 mujeres con lesiones graves y permanentes.
La Fiscalía documentó una estructura delictiva que operó durante más de un año en la capital antioqueña. Movían quirófanos clandestinos entre barrios para evadir controles y ocultar complicaciones médicas en decenas de mujeres.
La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos hechos a la imputación contra Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en procedimientos estéticos invasivos realizados sin idoneidad profesional ni condiciones mínimas de higiene y salubridad.
Durante la audiencia de adición de imputación, las tres procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en la modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, fortaleciendo la hipótesis de una actividad criminal organizada.
Según la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, los hechos se habrían registrado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el que las procesadas, junto con otras personas, acondicionaron quirófanos improvisados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.
Quirófanos clandestinos
El ente acusador estableció que, a las víctimas las contactaban principalmente a través de redes sociales, donde se ofrecían procedimientos estéticos a bajo costo, en especial una intervención conocida como “lipólisis láser con transferencia glútea”, sin informar los riesgos ni la ausencia de personal médico autorizado.
El material probatorio indica que las investigadas participaron directamente en las cirugías, cumpliendo funciones como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos, pese a no contar con la formación ni habilitación legal requerida.
Uno de los hallazgos centrales de la investigación señala que cuando las mujeres regresaban a los inmuebles para reportar complicaciones médicas, el lugar de operación lo habían trasladado a otro barrio, con el objetivo de evadir denuncias, controles sanitarios y acciones judiciales.
La Fiscalía determinó que al menos 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos. De ellas, más de 40 mujeres sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras afectaciones físicas de carácter permanente.
Las tres mujeres imputadas permanecen privadas de la libertad desde octubre de 2025, mientras avanzan los procesos judiciales. Para la Fiscalía, la aceptación de cargos confirma la gravedad de los hechos y el impacto directo sobre la salud y la integridad de las víctimas.
Por estos hechos, el ente acusador también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delictiva, quienes habrían coordinado la captación de víctimas y la logística de los procedimientos ilegales.
