Más de 25.000 millones en bienes incautados a La Cordillera y Clan del Golfo marcaron ofensiva patrimonial en 2025.
La ofensiva contra las finanzas de los grupos armados y organizaciones delincuenciales convirtió a Risaralda en uno de los departamentos con mayores logros contra el patrimonio criminal este año, según balances del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.
La ocupación y extinción de dominio de bienes no sólo impactó las rentas ilegales, sino que se consolidó como un factor determinante en la reducción de homicidios y delitos de alto impacto en Pereira y su área metropolitana.
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública logró en nueve departamentos del país la ocupación de 431 bienes pertenecientes a estructuras como el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las FARC, La Oficina de Envigado y el grupo delincuencial Cordillera.
El valor global de estos activos supera los 445 mil millones de pesos, producto de economías ilegales asociadas al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, homicidio, concierto para delinquir y minería criminal.
En ese contexto nacional, Risaralda aparece como un territorio clave por la magnitud y el impacto de las operaciones ejecutadas durante 2025, particularmente contra Cordillera y células vinculadas al Clan del Golfo con presencia urbana.
Foco de afectación patrimonial a estructuras criminales
Las autoridades confirmaron que solo en Pereira y su entorno inmediato se ejecutaron operaciones de extinción de dominio por más de 25.000 millones de pesos, principalmente en bienes inmuebles, establecimientos comerciales y activos utilizados para el tráfico de estupefacientes.
Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación de bienes por más de 5.000 millones de pesos, incluida la vivienda de alias Lalo, identificado como integrante de estructuras residuales que transitaron entre Cordillera y otras organizaciones criminales.
Lideradas por la Fiscalía y con apoyo de la Policía Metropolitana, estas acciones no se limitaron a la ocupación física de los bienes. Según fuentes oficiales, el objetivo fue romper la capacidad financiera que sostenía redes de microtráfico, sicariato y control territorial.
El impacto de estas medidas lo reconoció el Ministerio de Defensa, que destacó a la capital risaraldense como ejemplo nacional de afectación estructural a economías criminales, una narrativa que contrasta con meses anteriores, cuando la ciudad figuraba por el fortalecimiento de bandas urbanas.
Reducción de homicidios y correlación con incautaciones
El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, sostuvo que el golpe patrimonial fue decisivo para revertir la tendencia de violencia. Según el balance oficial, la ciudad cerró 2025 con una reducción del 57 % en la tendencia del homicidio.
Según el análisis de las autoridades, el punto de quiebre se produjo a partir del mes de septiembre, tras la llegada del bloque de búsqueda y el fortalecimiento de procesos de judicialización.
A ello se suman una reducción del 37 % en extorsión, caídas superiores al 35 % en delitos contra el patrimonio económico, más de 3.300 capturas, 70 personas detenidas por hechos asociados a homicidio y la incautación de 330 armas de fuego, retiradas del mercado ilegal urbano.
Trejos explicó que la clave está en la lectura de las tendencias: hasta agosto, Pereira mantenía una curva ascendente en muertes violentas. Sin embargo, las acciones coordinadas de capturas, incautaciones y extinción de dominio quebraron esa dinámica.
Desde septiembre, la tendencia se mantiene a la baja, con resultados inéditos como cero homicidios durante el 24 y 25 de diciembre, hecho destacado por la Dirección General de la Policía Nacional.
El funcionario confirmó que estas operaciones continuarán en 2026, con apoyo de agencias internacionales y con investigaciones en curso que apuntan a nuevas afectaciones patrimoniales.
