Fiscalía ratificó acusación y detención preventiva tras fallo de segunda instancia. Víctimas siguen desaparecidas.
La justicia dio un paso definitivo en uno de los expedientes más sensibles de violaciones a los derechos humanos en Colombia. En decisión de segunda instancia, quedó en firme la acusación y la medida de aseguramiento de detención preventiva contra 14 exintegrantes de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada agravada de 14 personas.
La determinación la adoptó una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que rechazó las nulidades y apelaciones presentadas por las defensas, y respaldó la actuación de la Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y septiembre de 1982, en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca), y comprometen a antiguos miembros de la entonces División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC).
Según la investigación, los exuniformados presuntamente actuaron de manera concertada con el grupo ilegal autodenominado ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS), en el contexto de un operativo ilegal para rescatar a tres menores de edad a los que habían secuestrado.
Una investigación reabierta tras décadas
El proceso se reactivó tras una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2011, que permitió retomar un expediente archivado durante años y reconstruir la presunta responsabilidad penal de los hoy procesados.
De acuerdo con la Fiscalía, con el pretexto del rescate, 14 personas quedaron retenidas ilegalmente, entre ellas siete universitarios, cuatro ciudadanos y un menor de edad que permaneció cinco días en una estación de policía antes de desaparecer.
El ente acusador recordó que la desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, pues a más de cuatro décadas de los hechos aún se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, lo que mantiene vigente la acción penal.
Por esa razón, además de la acusación formal, se impuso la detención preventiva, al considerar la gravedad de los hechos, el número de víctimas y la prolongación del daño causado a sus familias.
Entre los acusados figuran un brigadier general en retiro, oficiales, suboficiales y agentes retirados de la Policía Nacional, quienes deberán enfrentar un juicio penal por desaparición forzada agravada, uno de los crímenes más graves contemplados en la legislación colombiana.
