A los delincuentes los capturaron tras varios meses de seguimientos e interceptaciones ordenadas por la Fiscalía.
Así se veía el rostro de la estafa. Se camuflaban en llamadas llenas de cariño y confianza para engañar a mujeres adultas mayores que, sin imaginarlo, terminaron entregando más de $160 millones a una red de extorsionistas que se hacía pasar por familiares o agentes de la Fuerza Pública.
La Fiscalía General de La nación logró la judicialización de cuatro personas por estos hechos en Sincelejo (Sucre), luego de un operativo coordinado por el CTI y la Policía Nacional.
La investigación, liderada por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), permitió establecer que investigaban a las víctimas previamente en redes sociales, donde los delincuentes rastreaban sus relaciones familiares, gustos y nivel económico.
Luego, las contactaban mediante mensajes o llamadas fingiendo ser nietos, sobrinos o allegados en apuros.
Engañaban a su víctimas, puras abuelitas
Una vez ganada la confianza, los implicados: Brayan Montoya Macías, Laura Rosa Correa Guzmán, Yeison Duván Pamplona Herrera y Brayan Andrés Camacho Hernández usaban la información para suplantar autoridades y exigir sumas de dinero a cambio de supuestos favores o beneficios judiciales.
Las pruebas técnicas y el material probatorio, recaudado por los investigadores, demostraron que los presuntos delincuentes retiraban los recursos producto de las extorsiones a través de cuentas de terceros, conocidos como “reclutados”, quienes facilitaban sus productos bancarios a cambio de pequeñas comisiones.
El modus operandi de la red, según la Fiscalía, se extendía más allá de Sucre, con operaciones en Medellín, Bogotá y Cúcuta, donde también habrían estafado a otras mujeres mayores bajo el mismo engaño. Los hechos ocurrieron entre enero y octubre de 2025.
Tras su captura en Antioquia y Norte de Santander, a los cuatro procesados los presentaron ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.
Un informe que entregó la Fiscalía asegura que ninguno aceptó los cargos, pero el juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que representaban un riesgo para las víctimas y la comunidad.
Las autoridades destacaron que este caso es una muestra del nuevo rostro del delito de extorsión digital, donde los delincuentes usan redes sociales y llamadas falsas para atacar a personas vulnerables. “No se trata sólo llamadas intimidantes. También aplican la manipulación emocional y engaño planificado”, dijo la fiscal durante la audiencia.
La Fiscalía reiteró su llamado a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores, para desconfiar de solicitudes económicas hechas por supuestos familiares o uniformados, y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión a la línea 165 del Gaula.
