Más de 136 sobrevivientes del paramilitarismo recibieron reparación económica ordenada por el Tribunal de Justicia y Paz.
Andrea llora al sostener la carta que llevaba esperando desde hace más de 15 años. En su cuello cuelga un dije en forma de corazón con las fotos de sus padres, asesinados por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. “Esto no me devuelve a mis papás, pero sí me devuelve algo de dignidad”, dice con voz entrecortada.
Como ella, otras 135 víctimas del paramilitarismo recibieron en los últimos días de octubre su indemnización judicial en un acto simbólico que por primera vez reunió a sobrevivientes de Caldas, Risaralda y Quindío.
El evento, liderado por la Unidad para las Víctimas, representó una inversión superior a $4.900 millones en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia y Paz, que desde hace más de una década ordenó la reparación económica a quienes sufrieron desplazamientos, asesinatos y pérdidas irreparables durante el auge de los grupos paramilitares.
Nuevo cumplimiento
“Por primera vez logramos que las víctimas del paramilitarismo sean indemnizadas de manera masiva. Con esta entrega no sólo reconocemos lo que les sucedió, sino que les pedimos perdón por lo que tuvieron que vivir”, señaló Alexandra Ramírez Leal, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero.
El acto contó con la presencia de Colpensiones, el ICETEX, el SENA y el Banco Agrario, entidades que ofrecieron orientación sobre educación, pensiones y ahorro, con el propósito de que las familias beneficiadas puedan invertir los recursos en proyectos sostenibles y reconstruir su economía tras años de despojo y silencio.
Más allá del valor monetario, esta entrega tiene un significado profundo: representa el cumplimiento de una deuda histórica del Estado con quienes padecieron el terror paramilitar.
Muchas de las familias beneficiadas llevaban décadas a la espera de una reparación ordenada por los jueces, pero que no se hacía efectiva por los extensos trámites judiciales y las dificultades para ubicar a los responsables de los crímenes.
Una nueva esperanza para comenzar
“Este dinero se convierte en el final de una etapa dolorosa y el inicio de lo que es cosechar paz”, dijo Andrea, quien planea invertir parte del dinero en educación para su hijo. “Quiero que él sepa que, pese a todo, logramos salir adelante”.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, este proceso marca un hito en la implementación de las sentencias judiciales derivadas del proceso de Justicia y Paz, mecanismo creado tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
La entidad destacó que seguirá avanzando en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el Eje Cafetero, articulando esfuerzos con las instituciones judiciales y territoriales para transformar las decisiones de los tribunales en acciones concretas.
“Este es un paso hacia la reconciliación —afirmó Ramírez Leal—. Sabemos que ninguna suma de dinero compensa el dolor, pero sí representa una forma de decirles a las víctimas que el Estado no las olvidó”.
Para Andrea y las demás familias, el dinero es apenas un símbolo. Lo verdaderamente importante, dicen, es sentir que después de tantos años alguien les reconoció el daño y les devolvió, aunque sea en parte, el derecho a la esperanza.
