Belén de Umbría, Pueblo Rico, Mistrató y Dosquebradas requieren atención urgente por amenazas y constreñimiento político armado.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el panorama electoral en Risaralda. Según la Alerta Temprana Electoral 2025/2026, los 14 municipios del departamento presentan algún nivel de riesgo por la injerencia de estructuras armadas, el control económico del crimen organizado y el debilitamiento de la institucionalidad local.
El documento, difundido este martes, establece tres niveles de atención: urgente, prioritaria y ordinaria para clasificar la gravedad de las amenazas que podrían afectar los comicios de 2025 y 2026.
Riesgo urgente:
Belén de Umbría
La Defensoría considera a este municipio del occidente risaraldense como uno de los más vulnerables. En la zona se han detectado presiones de grupos armados ilegales, como Clan del Golfo, que buscan expandir su influencia en comunidades rurales. Las amenazas contra líderes sociales y la circulación de panfletos intimidatorios elevan el riesgo de constreñimiento electoral directo.
Dosquebradas
El informe advierte que la consolidación de redes del crimen organizado urbano, asociadas al grupo ‘Cordillera’, pone en jaque la transparencia política. Estas estructuras, según el informe, controlan economías ilegales, prestamistas y redes de extorsión, y habrían cooptado procesos electorales en comicios pasados mediante presiones a comerciantes y votantes.
Mistrató
La Defensoría advierte un riesgo alto de instrumentalización de comunidades rurales, donde la presencia institucional es limitada y donde la expansión del Clan del Golfo cada vez es mayor. Existen tensiones entre economías ilícitas y líderes comunitarios que podrían derivar en represalias o bloqueos a campañas locales.
Pueblo Rico
Se considera el municipio más crítico del departamento. La confluencia de estructuras armadas ilegales, algunas vinculadas al ELN y al Clan del Golfo, ha configurado una gobernanza paralela en resguardos indígenas y veredas apartadas. La alerta señala amenazas contra líderes Emberá y la posibilidad de manipulación electoral mediante intimidación o favores económicos.
Riesgo prioritario
Apía, Guática y Santuario
Estos municipios presentan dinámicas de violencia enquistada: oficinas de cobro, control de microtráfico y redes de vigilancia social, lo que podría reactivarse durante los procesos electorales. La Defensoría advierte que los mecanismos de intimidación están disponibles y activos, aunque no siempre visibles.
La Virginia y Pereira
El documento señala a ‘Cordillera’ como actor determinante en el riesgo político del área metropolitana. En Pereira y La Virginia se han identificado casos de coerción económica a través de préstamos “gota a gota” utilizados para presionar el voto. Quienes no cumplen las directrices de estos grupos pueden ser víctimas de amenazas o represalias comerciales.
Quinchía y Santa Rosa de Cabal
En ambos municipios se mantienen disputas entre estructuras criminales locales y grupos armados regionales, que usan la extorsión y la intimidación para mantener control sobre la vida económica y política. La Defensoría resalta el riesgo de cooptación de campañas mediante financiamiento ilegal o presión social.
Riesgo ordinario
Balboa, La Celia y Marsella
Aunque presentan niveles de amenaza menores, la Defensoría recomienda monitoreo constante. En estas zonas existen condiciones de vulnerabilidad institucional y presencia de redes de microtráfico o contrabando, que podrían escalar en períodos de campaña si no se refuerza la prevención.
El informe nacional detalla que en la macrorregión Centroandina, donde se ubica Risaralda, coexisten disidencias de las FARC, grupos posparamilitares y organizaciones de crimen transnacional, que establecen alianzas y tercerización del accionar violento.
La Defensoría identificó tres fenómenos clave en el Eje Cafetero. Violencia instalada: repertorios criminales listos para activarse, como escuelas de sicariato o redes de cobro.
Ambientes condicionados: territorios donde los actores ilegales imponen normas y limitan la libre participación política.
Control económico: la extorsión y los préstamos ilegales usados para manipular votaciones y castigar el disenso.
Pese al panorama, la Defensoría reconoce fortalezas en las personerías municipales, que mantienen legitimidad ante la comunidad y pueden ser clave en la prevención del constreñimiento electoral.
El organismo pidió reforzar los comités de garantías electorales en todos los municipios y fortalecer la articulación entre Gobernación, Policía, Ejército y Fiscalía para evitar que las estructuras ilegales coarten la voluntad popular.
Asimismo, alertó que la normalización de la violencia y la percepción de ausencia estatal podrían convertir a Risaralda en un escenario propicio para la manipulación del voto en 2026 si no se actúa de forma coordinada.
La alerta temprana deja claro que la amenaza no se limita al campo armado, sino que se infiltra en la vida política y económica de los municipios. La disputa por el poder en Risaralda ya no se libra sólo en las montañas, sino también en los barrios, los mercados y las urnas.
