Van 18 homicidios este año. En septiembre tres civiles fueron asesinados, al parecer por integrantes del grupo armado.
La situación de orden público en Mistrató, Risaralda, prende nuevas alarmas. En la vereda Alto Pueblo Rico, la presencia del Clan del Golfo se ha convertido en un dolor de cabeza creciente para la población civil. De acuerdo con información recopilada por la Mesa Territorial de Garantías, al menos 11 personas salieron desplazadas en las últimas semanas.
Fuentes locales aseguraron a 360 Noticiasque el control de este grupo armado se ha hecho visible a través de grafitis con las siglas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y mensajes intimidantes en las fachadas de las viviendas.
En algunos casos, los muros fueron pintados con la palabra “sapo”, señalando a habitantes que presuntamente habrían colaborado con la Fuerza Pública en las operaciones en las que lograron capturar a varios de sus integrantes.
“Desde que comenzaron a marcar las casas, varias familias huyeron por miedo a represalias. El Clan del Golfo está ejecutando una estrategia de terror para controlar el territorio”, aseguró Eisenhower Dejanon Zapata, integrante de la Mesa Territorial de Garantías.
Aumentan los homicidios
Las cifras de violencia en Mistrató muestran un incremento preocupante. En los últimos meses, el número de homicidios ha crecido de manera sostenida, 18 asesinatos se cuentan este año.
Las víctimas no sólo han sido civiles ajenos al conflicto, sino también personas vinculadas a economías ilegales que se habrían negado a someterse a las reglas del grupo armado.
“Lo que vemos es un patrón de ajusticiamientos. El Clan del Golfo no sólo amenaza a quienes considera informantes, sino que también elimina a pequeños distribuidores de droga que no se alinean con su red de microtráfico”, explicó.
Se necesita protección
Pese a los llamados de alerta, a juicio del defensor de derechos humanos, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Según, la presencia de la Policía y el Ejército en la zona “es esporádica y, según las comunidades, no logra contener la escalada de violencia”.
“Necesitamos un plan de intervención sostenido. No es suficiente con operativos temporales; se requiere presencia permanente de la Fuerza Pública, protección para los líderes amenazados y garantías para que las familias desplazadas puedan retornar con seguridad”, advirtió.
Por ahora, las autoridades departamentales anunciaron que se evalúa un refuerzo de pie de fuerza en el municipio. Sin embargo, los habitantes temen que las medidas lleguen tarde.
