Pereira y Dosquebradas sufren por la guerra entre bandas delincuenciales, que a la fecha deja una estela de 230 homicidios.
La expansión del Clan del Golfo tiene en alerta a autoridades y a la comunidad del occidente. Un informe oficial dice que 10 de los 14 municipios del departamento presentan riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales.
En Pereira y Dosquebradas el nivel de amenaza es extremo. Otros ocho municipios están en riesgo alto. La capital del departamento acumula 167 homicidios en lo corrido del año y Dosquebradas reporta 63. El caso de Mistrató es aún más crítico con 17 asesinatos en lo que va del 2025.
El informe detalla que, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Mistrató, Apía, Guática, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y La Virginia presentan riesgo alto.
Entre ellos, cuatro se destacan como los más golpeados por la presencia criminal: Mistrató, Belén de Umbría, Santuario y Guática. Allí, los reportes ciudadanos coinciden con un panorama lamentable: la población vive bajo presión de grupos armados, y en varios casos se han registrado amenazas directas contra funcionarios públicos.
Supuestamente, un diputado de la Asamblea de Risaralda recibió, durante una visita reciente a un municipio del occidente, un mensaje en el que le advirtieron: “le mandaron a decir que por aquí no lo quieren ve más”.
Una expansión planificada
De acuerdo con fuentes de inteligencia, el Clan del Golfo avanza desde Jardín (Antioquia) hacia el occidente de Risaralda, con un plan claro: controlar el negocio del microtráfico, obligar a pequeños expendedores a sumarse a la organización, reclutar sicarios y consolidar la minería ilegal.
El objetivo estratégico sería tener una salida hacia el Chocó y, con ello, un acceso al mar. En esa expansión, las veredas se han convertido en escenarios clave, pues allí se concentran los movimientos de la estructura criminal.
Mucho silencio
La situación ha derivado en lo que algunos líderes sociales llaman un “silencio institucional”. Autoridades regionales reconocen que no hay claridad sobre cómo resguardar su seguridad en territorios bajo amenaza.
Como consecuencia de esta situación, muchos mandatarios evitan desplazarse hacia veredas o corregimientos, lo que limita la capacidad del Estado de ejercer presencia en las zonas más golpeadas.
El impacto de la violencia se refleja con crudeza en los números. Mientras Pereira y Dosquebradas concentran la mayoría de homicidios por su tamaño poblacional, municipios pequeños como Mistrató muestran una tasa de asesinatos alarmante en relación con su población.
“Lo grave es que, en territorios con pocos recursos y poca institucionalidad, como en el occidente de Risaralda, el accionar de los grupos armados se siente más fuerte y más directo en la vida diaria de la gente”, señaló un informante.
Mientras, policías y militares reconocen la complejidad de enfrentar la situación. Aunque se han anunciado refuerzos del pie de fuerza para zonas rurales, el principal obstáculo es que la mayoría de sicarios se movilizan vestidos de civil, lo que dificulta su identificación y captura.
El avance del Clan del Golfo en Risaralda evidencia un riesgo creciente. El control del microtráfico, la minería ilegal y el presunto reclutamiento de jóvenes son las piezas de una estrategia que amenaza con consolidarse en el occidente.
