La entidad descartó el reclutamiento de menores, aunque dijo que es posible que se instrumentalice a la comunidad.
La más reciente sesión del Puesto de Mando Unificado en Pereira dejó una advertencia que no puede pasar desapercibida. Risaralda enfrenta un riesgo real de expansión de dos de los grupos armados más peligrosos del país: Clan del Golfo y ELN. Ambos, en comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo confirmó que existe una alerta temprana vigente que advierte sobre la posibilidad de reclutamiento forzado por parte de estas estructuras, aunque aclaró que no se han recibido reportes oficialmente verificados de casos en el departamento.
Sin embargo, el riesgo está latente y, según el organismo, se hace urgente reforzar las acciones preventivas antes de que los números empiecen a convertirse en tragedias concretas.
Uno de los puntos más preocupantes es la advertencia de una posible presencia campamentaria del ELN. A diferencia de las incursiones ocasionales detectadas en años anteriores, esta modalidad supondría una permanencia más estable de guerrilleros en zonas rurales.
Esta situación, implicaría “un cambio cualitativo en la dinámica del conflicto en Risaralda”, dijo Iris Marín Ortiz en su más reciente visita al departamento.
En el caso del Clan del Golfo, las alertas señalan un riesgo de expansión hacia municipios con población indígena, en especial en Mistrató y más en San Antonio del Chamí.
Defensores de derechos humanos aseguran que, esta estructura quiere extender su influencia en áreas donde el control estatal es limitado. Es decir, se aprovecharían de dificultades geográficas y de la vulnerabilidad social.
Cuáles son los riesgos
La Defensoría subrayó que “la disputa territorial no sólo se refleja en el riesgo de reclutamiento” de menores, sino también en la “instrumentalización de comunidades para actividades de inteligencia, transporte de insumos y otras labores forzadas”, comentó.
Aunque en Pereira y otras zonas del departamento se mantiene la presencia de organizaciones criminales locales, como Cordillera, la posible llegada de estos dos grupos, podría intensificar la presión sobre las autoridades y las comunidades.
Otro factor inquietante es que las zonas más amenazadas coinciden con aquellas donde las comunidades étnicas mantienen una relación de resistencia y defensa territorial.
La Defensoría insistió en la necesidad de fortalecer el acompañamiento a estas poblaciones, dado que históricamente han sido blanco de despojo, desplazamiento y violencia sistemática.
La entidad también recordó que las afectaciones no se limitan al ámbito militar: la expansión de grupos como el Clan del Golfo y el ELN suele traer consigo economías ilegales, aumento de amenazas a líderes y un incremento en los riesgos de homicidio selectivo.
De hecho, la Defensoría ya alertó en años anteriores sobre amenazas contra autoridades étnicas en Risaralda. Con estas advertencias, el mensaje es claro: la “combinación de presencia armada, riesgo de reclutamiento y debilidad en la cobertura institucional” crearía un escenario que exige decisiones rápidas y coordinadas, explicó Marín Ortiz.
