Desde hace más de dos años espera por una cirugía reconstructiva; tres clínicas rechazaron su traslado.
Un viacrucis que no termina. El reloj avanza lento en la habitación 716A de la Clínica San Rafael, en Pereira. Allí, Joan Camilo Taborda, de 38 años, mira su pierna derecha vendada y teme que el próximo parte médico no hable de reconstrucción, sino de amputación. Lleva dos años y tres meses atrapado en un laberinto burocrático que parece no tener salida.
El calvario comenzó el 3 de mayo de 2023, cuando un conductor que no respetó una señal de pare lo atropelló. El impacto destrozó su tibia, el hueso quedó expuesto, fragmentado y contaminado con gasolina, situación que le provocó lesiones en piel y músculo. Desde entonces, su vida se ha reducido a hospitalizaciones, tutelas, remisiones negadas y promesas que no se cumplen.
“Me retiraron 12 centímetros de hueso y estaba listo para el segundo tiempo de la reconstrucción ósea, pero nunca giraron los recursos para la cirugía”, relata, con voz cansada. La orden fue autorizada, pero la Nueva EPS no transfirió el dinero a la clínica, y el procedimiento quedó en un limbo fatal.
Puertas cerradas
En medio de esa espera, las complicaciones comenzaron a llegar. La herida se infectó con osteomielitis, los injertos de piel fracasaron y el tutor óseo comenzó a aflojarse. “Tuve que pagar de mi bolsillo varias curaciones porque no autorizaban el servicio”, recuerda.
El programa de ortopedia reconstructiva en la clínica donde lo trataban cerró, luego de que el único especialista renunciara por falta de pago. Desde entonces, su traslado a otra institución ha sido rechazado por tres clínicas.
Ni la Sagrada Familia en Armenia, ni la Fundación Valle del Lili en Cali aceptaron la remisión. Ahora su esperanza se reduce a que alguna IPS de Pereira o Armenia lo reciba antes de que la infección avance y sea irreversible.
Crisis, con varios casos
El drama de Taborda es el mismo que sufren decenas de pacientes en Risaralda. Enfrentan retrasos en cirugías, tratamientos cancelados y cierre de programas médicos por la misma razón: la demora en el pago de servicios por parte de las EPS a las clínicas.
Mientras la tutela que ganó en enero para una reconstrucción ósea sigue sin cumplirse, su salud se deteriora. “Ya he estado hospitalizado seis veces. Perdí mi matrimonio, mi empleo y gran parte de mi vida esperando que autoricen un procedimiento”, dice, con un suspiro largo.
En la cama de hospital, con la pierna sostenida por vendajes, Taborda resume su situación en una frase que duele: “Si hubiera dependido sólo de mi cuerpo, ya estaría caminando. Pero dependo del sistema, y aquí sigo, detenido”.
