La alerta sobre menores, presuntamente, reclutados fue entregada por los propios líderes indígenas al Estado.
Los indígenas desmienten a los medios… pero la alerta salió de sus propias manos. El nuevo choque de versiones pone en tela de juicio la credibilidad de las denuncias sobre el reclutamiento de menores en territorios indígenas. Esta vez, la polémica no enfrenta a comunidades ancestrales con el Estado, sino que a las mismas organizaciones entre sí.
Mientras una parte de la dirigencia emite una alerta grave sobre la supuesta presencia de grupos armados y la vinculación de adolescentes de su comunidad a estructuras ilegales, otra parte asegura, sin pruebas claras, que “nada está pasando” y que los medios “están especulando”.
El hecho se originó tras un comunicado oficial publicado esta semana por la Procuraduría General de la Nación, donde advierten sobre la posible vinculación de menores indígenas del municipio de Mistrató a estructuras armadas ilegales como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.
La información tuvo como fuente principal un informe firmado por el propio Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda (CRIR). El boletín, emitido el 2 de junio de 2025 y titulado: “Situación de Derechos Humanos del Resguardo Unificado Embera Chamí sobre el río San Juan”, es contundente.
“Se identificaron graves vulneraciones de derechos humanos. Hay dos grupos armados operando en el territorio: el ELN y las AGC. Estos grupos han comenzado a involucrar en sus filas a jóvenes y adolescentes indígenas, con indicios claros de que algunos ya hacen parte del Clan del Golfo”, dice textualmente el documento.
Pero este viernes, una parte de la dirigencia del resguardo San Juan en Mistrató, en voz de su gobernador mayor Abelardo Nariquiaza, lanzó un comunicado en el que acusa a los medios de “generar estigmatización”, de publicar información “sin consultar al cabildo” y de inventarse una situación inexistente.
0“Dentro del resguardo no ha venido sucediendo ningún reclutamiento. Como pueblo indígena, somos garantes bajo responsabilidad del cabildo. No ha habido nada de lo que se está diciendo”.
¿Quién dice la verdad?
La pregunta es inevitable. ¿Quién está mintiendo? ¿La Procuraduría, que se limitó a replicar una alerta firmada por los propios indígenas? ¿Los medios, que citaron fuentes institucionales oficiales? ¿O el líder que hoy desmiente a otros integrantes del mismo pueblo ancestral?
Informes de organismos oficiales apuntan a una presencia creciente de estructuras armadas ilegales en zonas indígenas de Risaralda, y que el uso de menores tampoco es nuevo, sino sistemático.
Un silencio peligroso
La intención del comunicado parece más orientado a cuidar la imagen del resguardo que a proteger a los menores vulnerables ¿Hay grupos armados reclutando niños en Mistrató? la prioridad no debería defender el “honor cultural”, sino la vida de los adolescentes.
