Al menos diez personas figuran como “objetivo militar” en panfletos difundidos por redes sociales y mensajería WhatsApp.
La comunidad de Santa Cecilia está bajo amenaza de grupos armados ilegales. La Mesa Territorial de Garantías denunció que el ELN está detrás de los panfletos que declaran objetivo militar a diez habitantes del corregimiento.
En un documento, exigen la intervención inmediata del Estado antes de que se concrete una tragedia por las amenazas firmadas, presuntamente por el Frente Manuel Hernández “El Boche”.
Allí mismo, se hace un llamado público a la Gobernación de Risaralda, a la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y entes territoriales a tomar medidas para proteger a la población de Santa Cecilia, históricamente golpeada por el conflicto armado.
También, aseguran que este corregimiento hoy vive bajo la amenaza directa de dos estructuras ilegales: el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.
La Mesa Territorial de Garantías asume como un hecho de gravedad, que las amenaza enumera con nombres y apodos a diez personas, a las que señalan de colaborar con grupos enemigos o no desobedecer normas impuestas.
Entre los mencionados se encuentran: Alex Escarpeta, alias “Machaca” (junto con su hermana y su sobrino), alias “Turbo” (Diego), Miguel Arias, Harrison Mejía, Limbanio Rentería, alias “Leo”, Arlex Perea Valencia, alias “Carabina” y alias “Boca de Trampa”.
Según la Mesa de Garantías, estas personas serían reconocidas por su liderazgo, activismo social o simplemente por vivir en zonas donde se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.
“Estas amenazas configuran una sentencia de muerte anunciada. Estamos ante el riesgo real de asesinatos selectivos y desplazamientos masivos si no se actúa ya”, advirtió Eisenhower D’Janon Zapata, vocero de la Mesa.
Ya hay muertos
Los hechos que encendieron las alarmas no son recientes. La Mesa recordó que el 16 de junio fue asesinado con arma de fuego un Firmante de Paz en Santa Cecilia.
Luego, el 28 de junio, ocurrió una masacre en la vereda El Cinto, donde tres personas terminaron asesinadas y dos más resultaron gravemente heridas en un ataque armado dentro de un establecimiento público.
Aunque la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas (como la No. 043 de 2018), en las que advertía sobre el riesgo extremo para la zona, las respuestas institucionales, a juicio de la Mesa Territorial de Garantías, son débiles o tardías.
“Este no es un problema nuevo ni menor. Las alertas están claras. El Estado no puede esperar a que caiga otro cuerpo en la vía para actuar”, agregó María Isabel García, vocera de la Mesa y defensora de derechos humanos.
