Secretaría de Transparencia ordenó la suspensión inmediata del proceso, valorado en más de $11.356 millones.
Una alerta temprana advierte sobre posibles vicios que vulnerarían los principios de la contratación pública. La millonaria licitación del Sistema Integrado de Transporte de Pereira, operado por Megabús S. A., quedó suspendida de manera inmediata.
La orden proviene de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El contrato, por más de $11.356 millones y con una duración de 21 años, tenía como objetivo la concesión para operación, modernización y gestión del sistema de recaudo.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, hizo público el anuncio a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde señaló que había solicitado formalmente a la Gerencia de Megabús S. A. suspender el proceso de contratación No. MB-LP001-2025 hasta que se realizara una revisión íntegra de los pliegos.
“Esto, con el fin de evitar compromisos disciplinarios y penales de los funcionarios y contratistas involucrados”, indicó Idárraga. La medida se enmarca en lo establecido en el numeral 21 del artículo 26 del Decreto 2647 de 2022.
¿Qué dice la alerta?
Según el análisis técnico que sustenta la alerta temprana, uno de los aspectos más críticos del proceso es la presunta inclusión de indicadores financieros desproporcionados, los cuales habrían restringido injustificadamente la participación de proponentes.
A pesar de que varios oferentes advirtieron sobre estas condiciones, la entidad contratante, según el informe, rechazó las observaciones argumentando que los indicadores respondían a estudios sectoriales válidos.
No obstante, la Secretaría revisó el supuesto análisis sectorial y encontró inconsistencias. “El primer aspecto de mayor gravedad consiste en la distorsión, presuntamente irregular, de la información que sustenta el indicador de liquidez”, detalla el documento.
Además de frenar el proceso, la Secretaría solicitó revocar el acto administrativo que dio apertura a la licitación, y advirtió que cualquier actuación contraria al derecho público podría derivar en consecuencias disciplinarias o penales.
La Procuraduría General de la Nación también recibió la alerta para que determine si hay méritos para abrir procesos preventivos o disciplinarios contra los responsables.
Por ahora, el proceso de contratación queda suspendido de manera indefinida, mientras se lleva a cabo una revisión integral de los pliegos de condiciones.
