Informe revela graves fallas contractuales y falta de controles detrás del accidente en el puente helicoidal
El Ministerio de Transporte hará entrega formal del informe a la Fiscalía General de la Nación, que ya inició una investigación penal por homicidio culposo. El conductor, la empresa transportadora y la universidad deberán responder ante los organismos judiciales y administrativos por sus actuaciones u omisiones.
El accidente que el pasado 24 de mayo cobró la vida de 10 personas, en su mayoría estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Alexander von Humboldt, empieza a esclarecerse a través de un informe preliminar que reveló el Ministerio de Transporte.
Las conclusiones son tan dolorosas como alarmantes: el vehículo que realizó el viaje no era el autorizado, no existía un contrato debidamente legalizado, y tampoco se reportó el Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de la institución educativa.
La tragedia ocurrió en el kilómetro 47+600 de la vía La Línea, en jurisdicción del municipio de Cajamarca (Tolima), cuando el bus en el que viajaban más de 20 personas chocó contra la defensa del puente y varios de sus tripulantes cayeron al abismo.
Reunión con autoridades
Este martes, en una reunión celebrada en Armenia, el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, Francisco Taborda Campo, delegado por la ministra María Fernanda Rojas, dio a conocer los hallazgos iniciales del informe técnico.
El equipo estuvo integrado por una comisión de la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INVIAS y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA).
Uno de los puntos más críticos del informe es que el vehículo que prestó el servicio no era el inicialmente reportado ni estaba vinculado formalmente con la Universidad Alexander von Humboldt.
Según Taborda Campo, “hubo una empresa de transporte de Armenia inicialmente prevista, pero no existe evidencia de un contrato formal entre esta y la universidad. Tampoco hay constancia de un convenio empresarial que justifique la participación de la empresa de Cúcuta que finalmente prestó el servicio”.
Además, se descubrió que el domicilio registrado de la empresa de Cúcuta no corresponde a una sede comercial sino a una residencia particular. Cuando funcionarios del Ministerio intentaron verificar la información, no fueron atendidos.
Otro hallazgo preocupante es que la universidad no cumplió con su obligación legal de reportar y ejecutar su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).
Muchas irregularidades
Este plan es un requisito indispensable para todas las instituciones educativas que realizan desplazamientos colectivos. “No hay rastro de que la universidad haya reportado su plan, como lo exige la normativa vigente”, afirmó el funcionario del Ministerio.
Esto implica un incumplimiento que tendrá que ser investigado por varias entidades, entre ellas la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, que ya han sido alertadas.
Si bien el informe indica que el conductor del bus contaba con los documentos y certificaciones requeridas para operar, y que el vehículo en sí cumplía con las condiciones técnicas mínimas, el hecho de que no fuera el automotor autorizado ni el previsto en el supuesto contrato convierte esta situación en un incumplimiento de la ley que podría tener consecuencias penales y administrativas.
“Lo más grave es que el vehículo que prestó el servicio no estaba previsto, y eso tiene implicaciones serias para todas las partes involucradas”, sostuvo Taborda Campo.
Durante la reunión también se analizó el punto exacto donde ocurrió el siniestro. INVÍAS y su interventoría ofrecieron explicaciones técnicas sobre las condiciones de la vía, concluyendo que no es procedente modificar el sentido del tránsito en ese tramo.
Sin embargo, las autoridades locales, especialmente el alcalde de Cajamarca, solicitaron mayor presencia institucional para fortalecer la prevención vial. Se planteó la necesidad urgente de que el municipio cuente con un organismo de tránsito propio, ya que actualmente no lo tiene, lo cual limita su capacidad de acción.
“En los siniestros viales hay multicausalidad”, insistió Taborda Campo, recordando que no se puede atribuir toda la responsabilidad a un solo actor. “Estamos llenos de normas. Lo que necesitamos es que se cumplan. Si hubiéramos tenido una actuación más proactiva por parte de las partes involucradas, probablemente esta tragedia se habría evitado”.
