El Gobierno Nacional anunció oficialmente este jueves la finalización del estado de conmoción interior que regía desde enero en la región del Catatumbo, Norte de Santander, como respuesta a la grave crisis de orden público causada por la confrontación entre grupos armados ilegales. La medida, implementada inicialmente por el decreto 062 del 24 de enero de 2025, tuvo una duración de 90 días.
Sin embargo, pese al levantamiento de esta figura constitucional excepcional, el Ejecutivo decidió prorrogar varios decretos clave emitidos durante ese periodo. Según el nuevo decreto 467 de 2025, el Gobierno mantendrá por 90 días adicionales las medidas adoptadas en al menos 11 decretos, como estrategia para contener los efectos aún latentes del conflicto.
Entre ellos se destaca el decreto 180, con el que se implementan medidas excepcionales para desvincular a núcleos familiares que dependen de cultivos de uso ilícito, un punto esencial dentro de la estrategia de sustitución voluntaria y recuperación del tejido social en zonas vulnerables.
También se mantienen:
- El decreto 106, que otorga facultades especiales al Banco Agrario y Finagro para refinanciar masivamente deudas en el sector rural.
- El decreto 108, que protege los derechos de tenencia de la tierra y evita acaparamientos ilegales en zonas rurales afectadas por el conflicto.
- El decreto 134, que restringe el uso de insumos químicos usados por grupos armados ilegales para la producción de droga.
El presidente Gustavo Petro defendió la continuidad de estas medidas argumentando que “han sido fundamentales para contener la expansión del conflicto armado y atender integralmente a la población desplazada y afectada por la violencia estructural”.
La conmoción interior se había aplicado en los municipios de Ocaña, Tibú, El Tarra, Sardinata, entre otros, así como en territorios indígenas como Motilón Barí y La Gabarra. Ahora, con la medida levantada, se abre una nueva etapa en la que el Gobierno apuesta por mantener el control institucional sin recurrir al estado de excepción, pero sin desproteger a la población civil.
