La Representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, lanzó una fuerte denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de 14 puentes contratados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, en el occidente del departamento. A más de 16 meses de firmados los contratos —valorados en más de $10.000 millones—, no hay una sola obra entregada.
Los proyectos fueron adjudicados bajo la figura de urgencia manifiesta en respuesta a la ola invernal, lo que permitió la contratación directa sin licitación pública. No obstante, Giraldo cuestiona la pertinencia del mecanismo: “¿Cuál era la urgencia si no hay un solo puente construido? Esto huele mal. Se abusó de la urgencia manifiesta para evadir procesos transparentes”, afirmó en rueda de prensa desde Bogotá.
Según la congresista, el proceso de contratación presenta múltiples alertas: adjudicación con único oferente, uso de autocertificaciones para cumplir requisitos técnicos, y costos inflados en materiales. En el caso de Mistrató, por ejemplo, se contrató el metro cúbico de concreto a $1.100.000, cuando el precio de mercado en Risaralda no supera los $500.000. En Pueblo Rico, el precio fue de $623.000. “¿Por qué esa diferencia si el transporte se contrató aparte?”, cuestionó.
Otro punto crítico es la modificación en la meta de infraestructura. De los 12 puentes inicialmente proyectados para Mistrató, ahora solo se construirán seis. Según el contratista y el interventor, el aumento en los costos —del 78%— obligó a reducir el alcance. “La plata sigue siendo la misma. ¿Dónde quedó la diferencia?”, insistió Giraldo.
Además, en Mistrató, la Gobernación había entregado estudios y diseños preliminares, pero el contratista alegó no conocerlos y propuso rehacerlos, esta vez por $270 millones, cuando ya se habían asignado $110 millones para su revisión. “Hay señales de improvisación, falta de planeación y una evidente ausencia de control institucional”, denunció.
Gracias a la presión generada por estas denuncias, representantes de la UNGRD y de los contratistas hicieron presencia en las zonas afectadas y, según la comunidad, habrían iniciado movimientos de obra. Sin embargo, habitantes de la región aseguran que los trabajos son mínimos y lentos, mientras los riesgos persisten.
La gravedad de la situación quedó en evidencia la semana pasada, cuando una niña y su mascota estuvieron a punto de ahogarse al intentar cruzar el río San Juan por un paso improvisado. “Estos contratos no pueden seguir enterrando la dignidad de comunidades indígenas que tanto lo necesitan. Ya hubo muertes, ya hubo alertas. No vamos a esperar más”, concluyó la congresista.
Desde el Congreso, Carolina Giraldo anunció que llevará el caso a instancias de control como la Procuraduría y la Contraloría, y exigió que se publique el avance físico y financiero detallado de cada contrato. La UNGRD, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial.
